Una situación sin
precedentes se extiende desde hace aproximadamente ocho meses en los puertos de Rosario y San Lorenzo a
causa de una reglamentación que emitió el gobierno anterior en relación a
los controles de residuos en buques de ultramar.
Es que desde
que dejó de estar vigente la Resolución 714/10 –
que contaba con convenios de colaboración con el Ministerio de Salud de la
Nación en Sanidad de Fronteras- y comenzó a regir la Resolución conjunta 1/2019 de
la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental y Senasa,
quedó una especie de “vacío operativo” por el cual solamente Prefectura se
encarga de los controles de residuos en los buques.
Hay preocupación no solamente por parte de las empresas
que se encargan del tratamiento de residuos
patogénicos, sino de todo el sector en general. Es que desde
junio que todos los barcos que ingresan a cualquiera de los puertos de la zona
no disponen de sus residuos como lo indica la ley, salvo algunas excepciones porque se lo requieren otras terminales del
país o del exterior.
“Los residuos
de buques de ultramar que hoy y desde hace ocho meses llegan a los puertos de
la zona de Rosario y San Lorenzo no tienen trato
diferencial y se descargan informalmente, sin cumplir con la barrera sanitaria. Parte de los mismos se comercializan en mercados informales, o
directamente se desechan por caminos informales”.
Lo que sucede es que en
esa zona existe un tráfico muy
significativo de buques de carga: aproximadamente hay más de 200 por mes en temporada alta. En muchos casos,
la tripulación es asiática y el destino es
principalmente China. Los viajes, en general, son de ida y
vuelta.
En ese escenario,
desde 2002 que Senasa hacía las
auditorías en los buques que llegaban a la región y se
encargaba de proteger la frontera al hacer desembarcar los residuos
para compatibilizarlos con los residuos domiciliarios a
través de un tratamiento por autoclave, es decir, de esterilización.
En ese control, también intervenían Prefectura y Aduana.
Ahora, con la
nueva reglamentación, los inspectores
especializados en sanidad del organismo se retiraron de los puertos y
no suben más a los buques. “No hay más control”, aseguró
la fuente, al tiempo que resaltó que Prefectura “nunca tomó el caso con la
seriedad que merece”.
“Obviamente, de ninguna manera se levantó la barrera sanitaria, por
lo cual el espíritu de esta nueva disposición no puede ser que no desembarquen
los residuos, pero es lo que está sucediendo”,
agregó la fuente.
Es que
Prefectura sube a todos los buques, pero el personal solamente está capacitado para el control de todos los ítems que
refieren a la seguridad de la navegación. En cuanto a residuos,
contempla el acondicionamiento y la capacidad de almacenaje, lo cual no tiene nada que ver con que el residuo sea potencialmente contaminante.
“No averiguan
qué se realiza con dichos residuos. Basta con recordar la aftosa, la fiebre porcina y otras enfermedades en nuestra ganadería ocurrida
en años donde no se controlaba el residuo. Desde ahí es que se propuso la ley
anterior y se logró aplicar”, le explicó la fuente a Infocampo.
Y agregó que
lo más preocupante es que el residuo que no se trata por autoclave “tiene un
riesgo serio de tener descarga ilegal o recupero por
sectores marginales, que potencian los riesgos médicos sanitarios“.
Entre esos
residuos no solo están los restos de comidas
o sus envases, sino también los resultantes de intervenciones médicas (gasas, jeringas, vendas).
Muchos tienen valor comercial en la reventa (latas, plásticos), pero no deben
comercializarse por su potencial infeccioso.
Las empresas
del rubro retiraban usualmente esos residuos con una documentación que lo certifica,
para trasladarlos hasta las plantas de
residuos patológicos para su inertización, algo que no sucede desde que rige la nueva reglamentación.
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