Mauricio Macri
será el primer presidente de la historia argentina que asumirá el gobierno bajo
proceso, pues enfrenta una causa judicial que investiga el espionaje ilegal a
políticos, líderes sociales, empresarios e incluso a familiares.
A sabiendas de
que su procesamiento ensombrece el inicio de la gestión que inicia el próximo
10 de diciembre, el presidente electo solicitó este lunes su sobreseimiento, es
decir, desvinculación, del caso que encabeza el fiscal Sebastián Casanello. La
incógnita es cómo actuará el magistrado ahora que el jefe de gobierno de Buenos
Aires está a punto de convertirse en el hombre más poderoso del país.
El caso comenzó
en 2009, cuando Sergio Burstein, un líder de la comunidad judía, denunció que
estaba siendo espiado telefónicamente por la Policía Metropolitana
de Buenos Aires. La justicia comprobó el espionaje, pero el escándalo aumentó
cuando se descubrió que también habían sido espiados empresarios, diputados de
oposición y, lo más sorprendente, el cuñado del jefe de gobierno, Daniel
Leonardo, un hombre casado con Sandra Macri.
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| En el centro Mauricio Macri, luego sus secuaces, Fino Palacios, Ciro James, Humberto Schiavoni y Ramos Puerta. |
A lo largo de la
investigación se comprobó que el espía encargado de las operaciones era Ciro
James, quien figuraba como empleado del Ministerio de Educación del gobierno de
Buenos Aires. La verdad era que James trabajaba a las órdenes de Jorge “Fino”
Palacios, entonces jefe de la Policía Metropolitana que recién había creado
Macri, quien tuvo que enfrentar una grave crisis política.
Palacios dejó el
cargo acosado por las denuncias de espionaje y por haber entorpecido la
investigación del peor ataque terrorista de la historia argentina, ocurrido en
un centro comunitario judío en julio de 1994 y que mató a 85 personas. Macri
defendió siempre a Palacios, pero finalmente el excomisario se convirtió en uno
de los principales acusados en el juicio por encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA).
En su lugar, el
jefe de gobierno designó a Osvaldo Chamorro, quien duró poco en el cargo porque
también quedó involucrado en la red de espionaje. Luego de negar durante meses
las acusaciones en contra de sus funcionarios, Macri tuvo que ceder ante las
evidencias, aunque sólo se limitó a reconocer que había cometido “un error” al
seleccionarlos.
También, al igual
que lo hacen algunos de los políticos argentinos que terminan envueltos en
problemas judiciales, Macri aseguró durante estos seis años que era un “caso
armado” por el gobierno kirchnerista para afectar sus aspiraciones políticas. En
2010, el juez Norberto Oyarbide procesó a Macri, a Palacios y al exministro de
Educación, Mariano Narodowsky, y les imputó el delito de “partícipes necesarios
de una asociación ilícita” que funcionó para realizar escuchas ilegales.
Cada nuevo dato
involucraba más a Macri, ya que se descubrió que el espionaje había sido
ordenado por dos jueces de Misiones, una provincia del norte argentino en donde
el jefe de gobierno tiene fuertes relaciones con el poder desde que era sólo un
empresario millonario.
El jefe de
gobierno quedó acusado formalmente de violación de secretos, abuso de autoridad
y falsificación de documentos públicos, aunque el año pasado el juez Casanello
sorprendió al enviar a juicio oral a James, Nadorowsky y Palacios, pero no a
Macri. Sin embargo, advirtió que Macri debería seguir procesado para evaluar
más pruebas antes de definir su situación procesal, investigación que todavía
no ha concluido.
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