Buenos Aires, 25
Ene (Notimex).- La detención de la líder Milagro Sala provocó un clima de
tensión en Argentina, ante el temor de que el gobierno de Mauricio Macri
consolide una estrategia para criminalizar la protesta social, lo que ya ha
sido criticado incluso por Amnistía Internacional.
Sala, quien es
considerada por algunos sectores como la primera presa política del macrismo,
fue detenida el pasado 16 de enero en su casa en Jujuy, una provincia del norte
del país en donde dirige a la
Túpac Amaru , una poderosa organización social que cuenta con
más de 70 mil afiliados.
La lideresa,
quien además es diputada del Parlamento del Mercosur (Parlasur), fue acusada de
“Instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real” debido al plantón
que su organización inició en diciembre pasado ante la Casa de Gobierno, en protesta
por el recorte de subsidios.
Los delitos que
se imputan a Sala son excarcelables, sin embargo permanece recluida en una
cárcel mientras en el país se multiplica el debate por una detención que fue
promovida por el gobernador Gerardo Morales, uno de los principales aliados del
presidente Macri.
Presidente Mauricio Macri y Gobernador de Jujuy Gerardo Morales. |
Morales apenas
asumió la gubernatura en diciembre pasado, pero hace años que mantiene un
fuerte enfrentamiento con Sala, cuya influencia y liderazgo se basan en la
operación de múltiples programas sociales, entre ellos la construcción de
viviendas y escuelas que han beneficiado a miles de familias.
Los defensores
de Sala argumentan que las críticas en su contra tienen que ver con la
discriminación que provoca su condición de mujer pobre e indígena, en tanto que
sus detractores denuncian presuntos actos de corrupción y presiones violentas a
los miembros de la Túpac
Amaru que se rebelan a la dirigente.
En los hechos
concretos, esta mujer de 51 años es reconocida por muchos de sus afiliados por
haberlos convencido de que podían autoorganizarse para tener casa y trabajo,
además de enorgullecerse de su condición de indígenas.
Como ejemplo de
la influencia cultural de Sala está la clase de “autoestima” que se imparte en
las dos escuelas que maneja la organización en una de las provincias más pobres
y con mayor población indígena del país sudamericano.
El caso de Sala
es de tal gravedad que Amnistía Internacional inició una campaña para exigir su
liberación inmediata, porque “estamos frente a un claro intento de criminalizar
las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la
libertad de expresión”.
En el mismo
sentido el premio Nobel de la Paz ,
Adolfo Pérez Esquivel, sostuvo que la dirigente debe ser investigada en un
marco legal correcto, no por encabezar protestas sociales, “porque esto es
criminalización” y forma parte de la política de represión que Macri pretende
imponer a nivel nacional.
La detención de
Sala también es interpretada como “revanchismo”, ya que la dirigente fue una de
las principales aliadas de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina
Fernández, de quienes Macri y Morales fueron opositores.
Este lunes,
mientras el juez a cargo de la causa contra la diputada advertía que podía ser
condenada hasta a seis años de prisión, Morales insistió en que la Túpac Amaru es una
“organización delictiva” y reveló que Macri “apoya totalmente lo que estamos
haciendo”.
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