¡¡PRESTEN ATENCIÓN POR FAVOR" El TTIP trae de la mano un mecanismo para que las empresas extranjeras demanden a los Estados si consideran que sus leyes son "incómodas".

Es el punto más negro del tratado de libre comercio que negocian Estados Unidos y la Unión Europea. El 97% de los ciudadanos consultados por la Comisión Europea lo rechaza y distintas asociaciones ecologistas y partidos políticos tratan de ejercer presión para frenarlo. El ISDS llega de la mano del TTIP.

El ISDS (Investor State Disput Settlements) es un mecanismo ligado a los tratados bilaterales y de inversión que permite a las multinacionales extranjeras denunciar a los gobiernos de los Estados si consideran que alguno de sus derechos o intereses ha sido vulnerado. Es decir, las grandes compañías pueden demandar a los gobiernos de los países receptores si consideran molesta alguna normativa o ley que perjudique su actividad. Sin embargo, el Estado denunciado no tiene derecho a apelación. 

“Son tribunales unidireccionales, solo puede denunciar el inversor al Estado pero no a la inversa. Es como jugar un partido en la mitad de una cancha donde solo uno puede atacar”, explica a este diario Luis Rico, portavoz de Ecologistas en Acción. Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Dueda (PACD) también denuncian la “dudosa imparcialidad” de este sistema. “Permite a los inversores extranjeros saltarse la jurisprudencia de los estados receptores y demandar a sus gobiernos ante tribunales privados de dudosa imparcialidad que ni siquiera siguen los estándares legales internacionales”

Las grandes compañías tramitan la denuncia a través de tribunales de inversión que están controlados por bufetes privados que a su vez trabajan como asesores de las multinacionales. Cada tribunal está formado por tres abogados comerciales que no son elegidos ni controlados por ningún organismo independiente. 

“Existe conflicto de intereses. No es un tribunal al uso donde hay una carrera judicial con jueces designados públicamente sino que son abogados de bufetes privados. Estos árbitros cobran una media de un millón de dólares por hora por resolver estos conflictos. Están interesados en que haya muchas denuncias. Es un tribunal elitista y privado”