lunes, 14 de octubre de 2019

Informe de la UCA: Inequidades de las condiciones materiales de vida en los hogares de Argentina-

El Observatorio de la Deuda Social de la UCA, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Fundación La Nación, el Banco Galicia y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, presentó el informe completo “Pobreza monetaria y vulnerabilidad de derechos. Inequidades de las condiciones materiales de vida en los hogares de la Argentina urbana (2010-2018)”. El mismo da cuenta de la evolución de la pobreza y la indigencia en el país desde un enfoque multidimensional.


El objetivo de este documento es presentar una revisión y actualización de las tasas de pobreza por ingresos y desigualdad monetaria. En esta línea, el informe retoma estudios previos sobre la evolución de la desigualdad en la distribución de recursos monetarios y la indigencia y pobreza por ingresos.

En 2018, tuvo lugar un importante incremento de la pobreza multidimensional en un contexto fuertemente inflacionario y de estancamiento económico. Según la información de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), en el tercer trimestre de 2018 el 4,2% de los hogares y el 6,1% de las personas eran indigentes. 

En el mismo período, un 25,6% de los hogares y un 33,6% de las personas se encontraban bajo la línea de pobreza. Los resultados obtenidos dan cuenta de una interrupción de la tendencia a la recomposición de las condiciones económicas de los hogares que se había evidenciado durante 2017.

Si la condición de pobreza afectaba a tres de cada 10 personas, esa proporción ascendía a casi cinco de cada 10 entre los menores de 17 años. Los niños/as y adolescentes habrían sido los más afectados en lo que respecta a la evolución de las tasas de indigencia y pobreza. La desigualdad también se refleja en la distribución del ingreso: el 20% más desfavorecido obtiene menos del 4% de los ingresos, mientras que el 20% mejor posicionado acumula alrededor del 51,7% de los ingresos. Por otro lado, el 62% de los hogares presentó al menos una carencia en derechos sociales y económicos en 2018.

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