El Papa
Francisco destacó la eficacia del Estado del Vaticano en la prevención y
detección de delitos financieros gracias a las últimas reformas legislativas
introducidas de acuerdo con las normas internacionales.
El Pontífice realizó esta valoración en
la mañana de este sábado 15 de febrero en la inauguración del Año Judicial del
Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano que presidió en el Palacio
Apostólico.
Ante el promotor de justicia, los
prelados auditores, los oficiales, los abogados y los colaboradores del
tribunal, el Santo Padre pronunció un discurso en el que puso en valor los
esfuerzos del Vaticano por modernizar y adecuar su legislación mediante una
serie de reformas que respondan a la misión de la Iglesia.
El Papa reflexionó sobre “las leyes que
regulan las relaciones interpersonales y, por lo tanto, su legalidad, así como
los valores éticos que rigen en su trasfondo”.
Respecto a este asunto, el Pontífice
destacó las reformas introducidas durante el último decenio en la legislación
vaticana y, en concreto, en el ámbito penal.
Esas
modificaciones, aclaró Francisco, se deben tanto a una necesaria modernización
como, principalmente, a la necesidad de respetar los compromisos
internacionales que la Santa Sede ha asumido en el Estado Vaticano.
Los compromisos citados por el Papa “se
refieren sobre todo a la protección de la persona humana, amenazada en su misma
dignidad, y a la tutela de grupos sociales, con frecuencia víctimas de nuevas,
odiosas, formas de ilegalidad”.
El principal desafío de estas reformas
se encuentra insertado dentro de la misión de la Iglesia, “forma parte
integrante y esencial de su actividad ministerial”.
“Eso explica el hecho de que la Santa
Sede insista en compartir los esfuerzos de la comunidad internacional para la
construcción de una convivencia justa y honesta, además de atenta a las
condiciones de los más desfavorecidos y de los excluidos, privados de los
bienes esenciales, con frecuencia golpeados en su dignidad humana y reducidos a
invisibles y descartados”.
El
Papa explicó que la Santa Sede está desarrollando “un proceso de conformación
de su legislación a las normas del derecho internacional y, en el plano operativo,
está comprometida de forma particular en la lucha contra la ilegalidad en el
ámbito de las finanzas a nivel internacional”.
Para ello, “ha promovido relaciones de
cooperación y de intercambio de políticas e iniciativas de contraste, creando
sistemas internos de vigilancia y de intervención capaces de realizar servicios
y controles eficaces”.
“Tales acciones han sacado a la luz
recientemente situaciones financieras sospechosas que, más allá de su posible
ilegalidad, o se ajustan a la naturaleza y los objetivos de la Iglesia, y han
generado desorientación e inquietud en la comunidad de los fieles”.
Se trata de “hechos que examina la
magistratura y que deben aclararse todavía por cuanto se refiere a los perfiles
de relevancia penal. Por lo tanto, no es posible pronunciarse sobre ellos en
esta fase”.
El Papa valoró como un hecho positivo el
que los primeros informes sobre estas posibles ilegalidades partieran de las
autoridades internas del Vaticano.
“Esto
demuestra la eficacia y la eficiencia de las medidas de contraste, tal y como
exigen las normas internacionales”.
En ese sentido, subrayó que “la Santa
Sede está firmemente decidida a continuar por el camino emprendido” “también
mediante el inicio de nuevas formas de cooperación judicial tanto a nivel de
los órganos instructores como de los organismos de investigación, en las formas
previstas por las normas y la práctica internacionales”.
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