Las personas aprehendidas en
causas de flagrancia pasan entre uno y dos días privadas de libertad. En ese
plazo, los juzgados tienen que poner en marcha los juicios orales, que duran
una o dos audiencias. En general, quienes no tienen antecedentes penales recuperan
la libertad rápido. Si reinciden, estos antecedentes se vuelven un agravante y
quedan detenidos.
En algunos casos, las
causas terminan en sobreseimiento por insignificancia o permiten la posibilidad
de la probation, como se conoce la suspensión del juicio a prueba que permite a
una persona imputada evitar el juicio penal si cumple las reglas de conducta
que ordenó el juez (sólo se puede aplicar a delitos cuya pena no supere los
tres años de prisión y siempre que haya consentimiento del fiscal).
La mayoría de los casos tiene como
protagonistas a los supermercados barriales y las grandes cadenas. Las cadenas
de supermercados recuperan los objetos robados. Sin embargo, algunos de sus
representantes legales insisten con la cárcel para quienes les roban en una
escala muy menor, y no aceptan la posibilidad de la probación.
La legislación que habilitó los procedimientos de
flagrancia aprobada por el Congreso el 7 de setiembre de 2016 fue promocionada
por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, como una
estrategia para pelear contra el crimen organizado. Sin embargo, el informe de
la fiscalía demuestra que las fuerzas de seguridad no están detrás del crimen
organizado, ni de las mafias, ni de los delitos complejos, sino de los nuevos
pobres producidos por la crisis económica y social.
No hay comentarios:
Publicar un comentario