La
existencia o no de presos políticos en Argentina ha sembrado polémica después
de que miembros o simpatizantes del Gobierno peronista pidieran la libertad de
exfuncionarios kirchneristas detenidos por corrupción durante el mandato de
Mauricio Macri (2015-2019) y cuestionaran que el nuevo presidente, Alberto
Fernández, hable solo de "detenciones arbitrarias".
En
los cuatro años de macrismo (2015-2019), multitud de altos cargos de los
Ejecutivos peronistas de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa Cristina
Fernández (2007-2015) -hoy vicepresidenta- fueron arrestados, llevados a
prisión preventiva y en algunos casos condenados, aunque sin sentencia firme.
También
la propia Fernández -que se dice víctima de una persecución impulsada por el
anterior Gobierno- fue procesada en multitud de causas y ordenada su detención,
que nunca se hizo efectiva por haber sido elegida senadora en 2017 y tener
fueros.
El
entonces mandatario siempre llamó a hacer justicia para aclarar la corrupción
que en su opinión se dio durante el kirchnerismo, aunque insistiendo a la vez
en la independencia del Poder Judicial, en el que aseguraba su Gobierno no
influía.
LOS
POLÍTICOS PRESOS
El
exvicepresidente Amado Boudou (2007-2015), el exministro de Planificación
Federal Julio De Vido (2003-2015), la activista indígena Milagro Sala y el
dirigente social Luis D'Elía siguen detenidos, mientras que en los últimos
meses, coincidiendo con el cambio de color político, ya fueron liberados otros
políticos y empresarios que tuvieron una estrecha relación con los Kirchner.
Ahora,
más de un mes después de que los Fernández asumieran el poder, tras ganar a
Macri en las urnas, voces del nuevo oficialismo disienten sobre si hay o no
"presos políticos", al tiempo que la principal oposición lo niega.
"Milagro
Sala lleva 4 años detenida, no queremos más presas y presos políticos en
Argentina", escribió este jueves en Twitter el ministro del Interior,
Eduardo 'Wado' de Pedro, uno de los referentes del peronismo kirchnerista.
La
activista está arrestada desde el 16 de enero de 2016, poco después de ser
elegida diputada del Mercosur por el kirchnerista Frente para la Victoria,
cuando fue acusada de instigación al tumulto durante una protesta contra el
gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, aliado de Macri.
Ahora
está en prisión domiciliaria cumpliendo condena a 13 años por defraudación al
Estado, asociación ilícita y extorsión.
"Es
una locura lo que nos están haciendo, queremos juicios justos, no queremos
privilegios, queremos que nos devuelvan la libertad. Nos trataron de
delincuentes, narcotraficantes y corruptos a todos los presos políticos",
reclamó el jueves en una entrevista la propia Sala, que reconoció que esperaba
que con el nuevo Gobierno la Justicia cambiara y se terminase la cárcel para
los opositores.
Por
su parte, De Vido, que hace poco más de un mes fue llevado a prisión
domiciliaria tras más de dos años en preventiva por presuntos delitos de
corrupción, consideró el 13 de enero que "es increíble que habiendo un
Gobierno del mismo signo", Boudou esté preso.
"Están
cómodos con nuestra prisión, se les nota demasiado", apuntó.
El
exvicepresidente Boudou se entregó en los juzgados en febrero del año pasado
tras conocerse la decisión de un tribunal de alzada de revocar su excarcelación
por una condena -que aún no está firme- a cinco años y 10 meses de cárcel por
cohecho pasivo y otros delitos.
"Los
tiempos procesales han sido los tiempos de las elecciones durante el macrismo y
esto hizo que las pruebas no existieran y las pericias no se hicieran o se
hicieran mal", dijo en diciembre el exvicepresidente.
EL
NUEVO PRESIDENTE ENCENDIÓ LA POLÉMICA
La
controversia se avivó después de que trascendiera que el presidente, en una
reunión el lunes pasado con organizaciones de derechos humanos, opinó que en
Argentina no hay presos políticos, sino "detenidos arbitrarios".
"No
tengo ninguna duda que están mal detenidos en la mayoría de los casos",
había dicho Fernández antes de asumir el cargo.
"Un
preso político es en todo el mundo un preso sin proceso (...). En Argentina lo
que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa", agregó.
Durante
la campaña electoral, Fernández criticó el papel de la Justicia en las causas
de corrupción que afectan a los Gobiernos de Kirchner y Fernández, de los que
él fue jefe de Gabinete, y el abuso de las prisiones preventivas, y definió a
su ahora vicepresidenta como una perseguida.
No
obstante, ya como mandatario afirmó que trabajará por que se acaben los jueces
y fiscales que "operan" para el poder político.
VOCES
QUE DISCREPAN
Oscar
Parrilli, senador, exsecretario de Inteligencia y uno de los hombres de confianza
de Cristina Fernández, se mostró contrario al punto de vista del mandatario:
"hay presos políticos, no tengo duda".
"Más
allá de si hubo hechos de corrupción o no, la manera en la cual están detenidos
tanto Milagro Sala, Julio de Vido y Amado Boudou, no hay elementos suficientes
para condenarlos y creo que si los hay, que los condenen, pero no de la manera
que lo han hecho", señaló en una entrevista radial.
A
la controversia se sumó Hebe de Bonafini, que a sus 91 años sigue al frente de
una de las dos organizaciones que responden al nombre de Madres de Plaza de
Mayo -que reclaman justicia por sus hijos desaparecidos por el terrorismo de
Estado en la última dictadura (1976-1983)- y es quien de forma más encarnizada
expresó su afrenta al anterior Ejecutivo y su ferviente apoyo a los Fernández.
"Debe
decidir de qué lado está; si con el Poder Judicial, mayoritariamente corrupto,
o con los presos políticos", afirmó la anciana en un comunicado dirigido
al mandatario, divulgado tras enterarse de que el presidente, en la reunión del
lunes -a la que ella no fue invitada- opinó que en Argentina no hay presos
políticos.
LA
POSTURA DE LA OPOSICIÓN
Durante
el Gobierno de Macri, él y sus funcionarios defendieron las decisiones de la
Justicia y aún hoy, algunos de sus exponentes, ahora opositores, insisten en su
independencia en ese periodo.
"En
Argentina no hay presos políticos. Hubo y hay políticos presos y otros que no
están que se robaron el país", lanzó en Twitter esta semana, en medio de
la polémica, Mario Negri, el presidente del bloque del opositor Juntos por el
Cambio en la Cámara de Diputados.
Lo
cierto es que las últimas resoluciones que dieron a De Vido la prisión
domiciliaria o la excarcelación a otros detenidos salieron después de que en
noviembre, aún con Macri en el poder, la Comisión para la implementación del
nuevo Código Procesal Penal anunciara que la Justicia comenzaría a aplicar
nuevas pautas para "regular las restricciones a la libertad" durante
procesos judiciales.
Ese
nuevo CPP establece condiciones en las que un acusado puede ser sometido a
prisión preventiva: esta se producirá en caso de que exista peligro de fuga o
de entorpecimiento de la investigación de la causa.
Está
por ver ahora el derrotero que seguirá la Justicia en los próximos 4 años, y si
la complicada situación judicial de la otrora expresidenta cambiará con su
vuelta a las cumbres del poder.
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