La
Justicia federal de Paraná (Entre Ríos) determinó la prohibición de las quemas
de pastizales y de "otras acciones humanas con capacidad para alterar el
medio ambiente". La decisión se tomó tras otro día de incendios que
volvieron a sentirse en Rosario.
La
ciudad amaneció nuevamente con un intenso olor a humo, como ocurrió días atrás
cuando se hizo necesaria otra vez la participación de aviones hidrantes para
apagar las llamas. Y ahora fue el juez federal Daniel Edgardo Alonso quien
dictó una medida cautelar que prohíbe las quemas, además la "construcción
de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades
que pongan en riesgo el ecosistema identificado en la demanda".
La
denuncia fue interpuesta por las asociaciones civiles Cuenca Río Paraná y Foro
Medio Ambiental contra un grupo de propietarios y arrendatarios por "el
daño al ambiente y la salud pública" generados por la quema de 25.000 hectáreas
en las islas del delta del río Paraná.
Además,
vecinos de distintos barrios de Rosario presentaron un amparo por daño
ambiental colectivo contra el gobierno de la provincia de Entre Ríos, para que
cese el fuego en las islas frente a la zona metropolitana del Gran Rosario. La
demanda, planteada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ), tiene
por objeto detener los incendios recurrentes que se realizan desde hace décadas
en las islas del Delta Superior del río Paraná, departamento Victoria de Entre
Ríos, y exige que se recomponga el daño ecológico producido en el ecosistema
del humedal que conforma la zona mencionada, uno de los más ricos del mundo en
biodiversidad.
Además,
solicita que el máximo órgano de Justicia intervenga con facultades de control
en el organismo interjurisdiccional creado a partir del Plan Integral
Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del
Paraná (Piecas) a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos allí establecidos
y que, hasta el momento, no arrojó el resultado esperado respecto al cuidado
del ambiente y la salud de las personas.
"Perseguimos
la tutela judicial efectiva del derecho a vivir en un ambiente sano y
equilibrado del cual gozamos todos los habitantes", indica el escrito
presentado por los abogados especialistas en derecho ambiental, Bárbara Ausili
y Valentín Cesanelli, y puntualiza que "a partir de la conducta omisiva
adoptada por la provincia de Entre Ríos, los explotadores de los campos ubicados
en el delta del Paraná realizan actividades de quema con el objeto de preparar
los mismos con fines productivos. Estas afectan gravemente la calidad del aire
como bien jurídico que respira la población de la ciudad de Rosario y aledañas,
provocando un gravísimo daño ecológico con su consiguiente afectación a la
salud de toda la población. Además, afecta incontrastablemente, de manera
negativa y relevante el ecosistema del humedal ubicado en las islas del delta
superior del río Paraná".
Al
respecto, la presentación de los ciudadanos rosarinos, que considera de
competencia de la CSJ en virtud de que se suscita un conflicto entre una
provincia y los vecinos de otra, fue respaldada con profusa documentación que
da cuenta de que en numerosas oportunidades la ciudad quedó inmersa en densas
nubes de humo proveniente de las islas, lo que provoca dificultades
respiratorias, ardor y enfermedades en los ojos de los habitantes. Además,
produce olores nauseabundos que vuelven a la atmósfera insoportable y a ello se
suma el riesgo para la seguridad vial de la zona.
Sin parar
Las
quemas se producen año a año y, a pesar de algunas medidas que tomaron los
gobiernos provinciales e incluso recientemente con la participación de la
Nación, el conflicto ambiental no fue resuelto. Este año las quemas
intencionales con fines productivos comenzaron en los primeros meses y se
intensificaron en junio, llegando a límites de contaminación sumamente dañinos.
Las pruebas aportadas por los ciudadanos
Entre
otras pruebas aportadas en el escrito que presentaron abogados especialistas en
derecho ambiental, se cuentan dos estudios de aire, entre ellos uno realizado
por el Sistema de Alerta Temprana en Granadero Baigorria, que indica que el 11
de junio último la medición del aire arrojó niveles de contaminación con
índices muy elevados, que superan ampliamente los indicadores considerados como
dañinos para la salud de las personas. Asimismo, se incorporó un estudio sobre
análisis de imágenes satelitales que muestran los focos ígneos e índices de
vegetación.
También
solicitan que se tomen como prueba informes del Instituto de Salud
Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario
(UNR) acerca de los daños en la salud de las personas que las quemas ilegítimas
pueden producir. También del estudio de calidad de aire realizados por el
Observatorio Ambiental de la UNR.
"Básicamente
lo que le endilgamos al gobierno de Entre Ríos es una omisión antijurídica
porque ellos, como provincia, a través del Ministerio de Ambiente y por la ley
de manejo del fuego, son los encargados de controlar las quemas en su
territorio, más allá de la responsabilidad penal de la gente que las
origina", explicó Valentín Cesanelli a LaCapital, como representante de un
grupo de vecinos.
El
abogado puntualizó: "Estamos reclamando a la corte que intervenga
activamente o por lo menos con facultades de control, como ya lo hizo en otros
casos como la causa Mendoza -contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo-
o en la causa La Pampa contra la provincia de Mendoza por el aprovechamiento
del río Atuel.
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