Un poco de
historia reciente: En el año 1989 se prohíbe el cannabis en la argentina, pero en
2017 la sanción de la Ley Nacional N° 27.350, estableció un marco regulatorio
para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o
paliativo del dolor, de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y
promoviendo el cuidado integral de la salud.
Si bien la norma marca un importante avance,
tanto pacientes y diversas organizaciones reclaman una ley superadora que,
entre otras cuestiones, autorice el autocultivo y el consumo del cannabis.
En 2018 Entre Ríos se adhirió a la norma
nacional por la Ley Provincial N° 106223. La realidad es que, más allá de la
adhesión, no se han desarrollado mucho más que títulos en los diarios. El
acceso se limita a determinadas patologías (epilepsia refractaria, fibromialgia
u otra enfermedad sobre la base de evidencia científica existente), por
prescripción médica y no sin antes estar registrado en el RECANN (Registro
Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis).
Se trata
de una ley incompleta e imperfecta – como toda ley- que no garantiza el acceso
al aceite de cannabis.
Los juristas especializados en el tema reconocen
que hay una interpretación que va en contra del espíritu de la ley, que
reconoce que el cannabis sirve para tratar múltiples enfermedades, pero que
sólo lo habilita para determinadas dolencias. Además se debe lidiar con la
demora y los trámites burocráticos en la ANMAT y pagar el producto –en mayor
medida importado- a valores que van desde los
Lo que se procura es que el Estado se ocupe y
tome participación activa en la regulación del cultivo y la producción del
cannabis, permitiendo que tanto laboratorios públicos como privados empiecen a
testear los elaborados, definiendo normas y controles, pero permitiendo tanto
el autocultivo como el cultivo a mayor escala, en pos de facilitar el acceso al
mismo, la soberanía sanitaria, pero también atendiendo a las enormes
posibilidades del sector en materia económica.
Tres premisas para
avanzar en el marco legislativo y las condiciones para el cultivo:
El Estado argentino y la Organización Mundial de
la Salud (OMS) reconocen la importancia del cannabis para el tratamiento de
distintas patologías, en consecuencia el Estado debe velar por la salud de sus
habitantes garantizando el efectivo acceso al aceite de cannabis. Un segundo
eje es la posibilidad de generar puestos de empleos genuinos. Una tercera
cuestión es el ingreso de divisas en una economía diezmada.
En Colombia, un país donde el consumo de
marihuana es ilegal, se cultivan
En Estados Unidos la
producción de cannabis y derivados mueve unos 150 mil millones de dólares al año y tiene en el
sector 400 mil empleados. Otro dato significativo es que la
frontera vitivinícola en el estado de California está corriendo sus fronteras
para darle lugar al cultivo de cannabis dado su mayor rentabilidad.
El uso medicinal del cannabis es también un
mercado floreciente a nivel bursátil: Las empresas de cannabis cotizan en alza
tanto en Wall Street como en la bolsa de Toronto.
La semana pasada el presidente uruguayo Luis
Lacalle Pou, impulsó flexibilizaciones en la normativa para que empresas
canadienses – líderes mundiales en el sector- avancen en la generación de un
nuevo polo productivo de cannabis en Uruguay.
Por lo que, de nuestra parte, quedarse sólo con
la idea del “porro” y el uso medicinal alternativo sería una especie de miopía
en vista a las oportunidades y los beneficios que el desarrollo de esta
industria podría brindar y los riesgos que se corren ante la posibilidad de
dejar este mercado en pleno auge en manos foráneas.
Jujuy a la vanguardia
en el cultivo de Cannabis:
En la Argentina, por ahora, sólo la provincia de
Jujuy produce cannabis para uso medicinal y con fines comerciales. El gobierno
jujeño, a través de una empresa estatal y en conjunto con la compañía
norteamericana Green Leaf Farms, cultivó semillas de marihuana en un predio de
Jujuy cerró días antes de la declaración de la
pandemia convenios con las provincias de Corrientes, Mendoza y San Juan para
desarrollar de manera conjunta la actividad con fines científicos. En tanto que
otros distritos como Neuquén, Chaco, Chubut y Tierra del Fuego tienen muy
avanzados proyectos propios para avanzar con el desarrollo de los cultivos de
proporciones y características similares a la norteña.
La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina
Frederic, confirmó en diciembre pasado que el Gobierno nacional analiza la
posibilidad de regular el consumo y el autocultivo de cannabis medicinal. Las
declaraciones de la ministra alientan a organizaciones de todo el país -que ya
venían pensando el tema- a delinear distintos proyectos de ley a tratar.
Para Sabina Frederic, se debe realizar un
estudio profundo del cuadro de situación para determinar las consecuencias
negativas de la posible legalización. "El Estado tiene una inversión alta
en decomiso de marihuana. Eso tiene varios problemas, muchos de los que
consumen lo hacen con fines recreativos, además de fines medicinales. Ese
consumo recreativo produce en la mayoría de los casos menos daños que el
alcohol y no vamos a convertir el alcohol en ilegal", sostuvo.
La funcionaria nacional dijo que se tomará en
consideración los casos de Canadá y Uruguay, aunque aclaró que eso no significa
que el país "tome esa línea".
Concordia y su
primer paso
El proyecto presentado en el día de hoy, en el
Concejo Deliberante, puede significar el primer paso para un objetivo que está
en la cabeza de muchos entrerrianos: Autorizar y promover el cultivo de
cannabis, con fines de investigación médica y científica, que pretenda
demostrar la eficacia de los principios activos del cannabis en las distintas
patologías, pero que -además- permita desarrollar una actividad que posibilite
nuevas fuentes de trabajo genuino, que atraiga inversiones e ingresos tanto
para el sector público como privado, atendiendo un mercado en expansión que
requiere de una política pública activa previniendo también que la producción y
comercialización puedan quedar en manos de los grandes pulpos de la economía
transnacional.
Dicho proyecto podría pensarse también como una
oportunidad de negocios y de aporte científico para la salud, pero también como
una alternativa a sectores alicaídos de nuestra economía local como la
producción de arándanos y el citrus.
A nivel local, provincial y país hay varias
organizaciones, asociaciones y profesionales que vienen trabajando intensamente
en la cuestión, articulando debates y asesoramiento, a fin de generar las
nuevas regulaciones que se pretenden para el desarrollo de la actividad, entre
ellos se puede citar a ONGs como “Mama Cultiva”, “Ciencia Sativa”, agrupaciones
de interesados como Regulación Legal y Asociación de Pensamiento Penal o el
estudio jurídico Piero Liebman y Javier Orduna, especialistas legales en el
tema.
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