En Estados Unidos
desde 1999, al menos 450.000 personas han muerto debido al uso de OxyContin, un
potente analgésico al que se le señala como uno de los principales responsables
de esta grave crisis de opioides que le cuesta más de 78 mil millones de dólares
al año a las arcas del país.
El
fabricante de OxyContin (cuyo nombre genérico es oxicodona) es Purdue Pharma,
una farmacéutica en manos de la familia Sackler, que ha tratado de blindarse
económicamente ante la avalancha de querellas judiciales que se le ha venido
encima para proteger una fortuna que, según medios estadounidenses, asciende a
miles de millones de dólares (el equivalente a más de un billón de dólares en
EEUU). En septiembre de 2019 Purdue Pharma se acogió a las protecciones que
ofrece el llamado “Capítulo
“Hay
cientos de miles de casos de personas afectadas por haber consumido una droga
que inicialmente debía usarse para enfermedades terminales”, asegura Chris
Madeksho, un abogado de Los Ángeles en entrevista con el diario Público. “Hemos
recibido llamadas de padres cuyos hijos pequeños han sufrido una sobredosis
porque encuentran el medicamento en el armario de las medicinas, se lo
prescriben o lo consumen de manera recreativa sin saber lo altamente adictivo
que es”.
Madeksho explica que
las miles de querellas presentadas de costa a costa contra la farmacéutica se
están canalizando a través del juez Robert Drain, que supervisa el proceso de
bancarrota desde una sala judicial en White Plains (NY).
“Se ha
creado un fondo económico con más de 10 mil millones de dólares (el equivalente
a más de diez billones de dólares en EEUU) que se dividirá entre los individuos
y los municipios afectados”, afirma el abogado.
No es la
primera vez que Purdue Pharma está en el punto de mira del público y de las
autoridades federales. En un comunicado emitido por el Fiscal General de EEUU
en mayo de 2007, la farmacéutica accedió a pagar una multa de 635 millones de
dólares y su cúpula directiva se declaró culpable de haber ocultado y mentido
sobre el elevado riesgo de adicción de OxyContin ––una información que también
ocultó a sus representantes de ventas––.
Pero más
allá de la multa e indemnizaciones económicas para los afectados, Madeksho
aclara que es “muy raro” que este tipo de casos culminen con los responsables
entre rejas y que la imputación de cargos penales es una decisión que depende
de las autoridades. “La lección que debemos aprender aquí es en responsabilidad
corporativa. Seamos honestos, las vidas de quienes tomaron la decisión de
prescribir y expandir el uso de esta droga no han quedado dañadas”, lamentó.
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