Mientras en el país se debate qué hacer con las
tomas de tierras y crecen los intentos de
los usurpadores, en la provincia del oeste argentino se
sancionó una ley que pone blanco sobre negro a este delito: quien ocupa ilegalmente un terreno pierde los beneficios sociales.
El
Senado aprobó este martes la norma que establece quitar los subsidios oficiales
a quienes avanzan sobre tierras impropias. La iniciativa fue presentada en
setiembre por el diputado Jorge Difonso (Frente Renovador), quien
buscó complementar con otro "castigo" las sanciones que prevé el
Código Penal.
De esta manera, los usurpadores "no podrán ser
beneficiarios de planes sociales otorgados por el gobierno de la provincia de
Mendoza, teniendo en cuenta todas las modalidades de subsidios monetarios,
alimenticios o de cualquier otra índole y concepto". También, no recibirán
beneficios del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), y apunta a que el
gobierno nacional, con la información local, proceda con el cese de todo tipo
de asistencia.
"La ley pretende que el ciudadano mendocino que cumple
con la ley y no comete delitos esté en una posición mejor que aquella persona que comete delitos, por medio de
la violencia y usurpa tierras. Ese el planteo de fondo.
La propuesta al ser aprobada por 19 positivos, 14
negativos y tres abstenciones fue remitida al Poder Ejecutivo para su posterior
promulgación.
El senador radical Juan Carlos Jaliff
defendió la iniciativa del diputado Difonso. "De cierta manera los que me
han precedido en el uso de la palabra nos está mostrando la razón. Pretendemos
que aquellos miles de mendocinos que no usurpan y que no cometen ningún delito
tengan una situación diferente respecto de la ayuda del estado", precisó.
Al momento de la exposición, la senadora
justicialista Cecilia Juri cuestionó que la propuesta solo fue aprobada en la
Cámara de Diputados por el bloque oficialista. "Hay más de 11 notas de
distintas organizaciones que han sido presentadas. Lo que han solicitado es que
se pueda escuchar sus opiniones previo al tratamiento en la Legislatura. Para
la legisladora en Mendoza hay un déficit de más de 70.000 viviendas. Acá es
evidente la decisión política de apoyar este proyecto y dejar de lado otras
iniciativas", indicó.
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