Crisis de la vivienda en Berlín: El "sí" se impuso ampliamente en el referéndum sobre expropiar viviendas.

 

Con 3.380 de 3.763  mesas escrutadas, la postura a favor de la expropiación aventaja con el 56,5% de los votos al "no", el cual obtiene un 38,8%. Si bien el referéndum no es vinculante, representa un masivo apoyo en favor de una posible iniciativa.

A raíz de la crisis habitacional que afecta a la capital de Alemania, los berlineses acudieron este domingo a las urnas no solo para elegir al sucesor de la actual canciller Angela Merkel sino también para expresar su postura respecto a una posible expropiación de más de 200.000 viviendas de alquiler que actualmente están en manos de empresas privadas.

 

Con 3.380 de 3.763 mesas escrutadas, la postura a favor de la expropiación se impuso con el 56,5% de los votos al “no”, el cual obtuvo un 38,8%. Asimismo, los votantes que se inclinaron favorablemente lograron superar el piso mínimo requerido para la validación del plebiscito - el cual se ubicaba en 611.900-, al obtener por el momento un total de 717.363 votos.

 

Si bien el referéndum no es vinculante, representa un masivo apoyo en favor de la posible iniciativa, la cual implicaría la compra de las viviendas expropiadas por parte del Estado con el fin de reducir la especulación inmobiliaria y ofrecer espacios habitacionales a precios más accesibles.

La crisis inmobiliaria se agudizó en los últimos años. La ciudad que hace cinco años se perfilaba para ser la capital de Europa y se posicionaba como una de las ciudades más baratas para vivir, fue cercada por la especulación financiera y las empresas comenzaron a comprar espacios para instalar sus sedes.

Actualmente, el 80% de los berlineses alquila y se supone que entre 2017 y 2030 la ciudad necesitará al menos 200.000 nuevas propiedades para hacer frente al problema de vivienda.

El miércoles pasado, Berlín dio un segundo paso sobre el problema y compró a las principales inmobiliarias, Deutsche Wohnen y Vonovia, 14.750 viviendas y 450 locales por 2.500 millones de euros (casi 3.000 millones de dólares), con el fin de intervenir en los precios del alquiler.