Como en Brasil, Suiza y otros países en Argentina se levanto el SECRETO BANCARIO- “El saber nos hará libres”

 

Fuente diario INFOBAE: En Comodoro Py buscan saber quiénes hicieron las mayores transferencias al exterior tras el acuerdo de Macri con el FMI. La jueza Capuchetti ordenó nuevas medidas de prueba para avanzar. El martes, Alberto Fernández sostuvo que lo acordado con el Fondo “no releva” al Poder Judicial de buscar a los responsables de “tanto desatino” y el bloque del PRO se retiró del Congreso.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Franco Picardi, que investigan penalmente al gobierno de Mauricio Macri por el destino de los 44 millones de dólares que recibió del Fondo Monetario Internacional, buscan nombres.

Por eso le están pidiendo a la entidad que conduce Miguel Pesce que detalle quiénes fueron los mayores operadores entre 2015 y 2019 y quiénes hicieron las mayores transferencia al exterior después de 2018. Para eso no solo ya se levantó el secreto bursátil sino también el secreto bancario, según indicaron a Infobae fuentes judiciales. Así lo surge de una resolución firmada este jueves por la jueza, a raíz de un pedido de informes de la fiscalía realizado esta semana.

Fue el presidente Alberto Fernández el que volvió a poner el foco en esta causa esta semana durante la apertura de la Asamblea Legislativa, cuando criticó una vez más la deuda tomada por Macri y aseguró que el acuerdo que su Gobierno alcanzó ahora con el FMI no le impide al Poder Judicial avanzar en la denuncia penal que la Oficina Anticorrupción motorizó hace un año.

“Los argentinos y las argentinas tienen derecho a saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino”, dijo mientras la vicepresidenta Cristina Kirchner sonreía y los legisladores del PRO se paraban a los gritos, indignados, para irse del reciento. En Comodoro Py ya se venía trabajando la causa, tal como reveló Infobae en la última semana de enero, cuando publicó que la Procuración del Tesoro, en su rol de querellante, pidió citar como testigos a los técnicos del FMI que hicieron la primera evaluación del crédito que recibió el ex presidente Mauricio Macri, encabezados por Roberto Cardarelli, en agosto de 2018. La jueza, por el momento, “tuvo presente” ese planteo.

Pero sigue esperando la información clave para avanzar. Gran parte de la misma depende del propio Estado. No obstante, el expediente va sumando información. Y en la causa consta un primer informe del BCRA “amplio y detallado” sobre el mercado de cambios entre 2015 y 2019.

Según el documento al que accedió Infobae, allí se sostiene que “el conjunto de políticas económicas que se aplicaron desde diciembre de 2015 facilitaron la fuga de capitales por más de USD 86.000 millones y crearon las condiciones para la irrupción de un nuevo episodio de crisis por sobreendeudamiento externo”. Y se detalla cómo se generó una “notable concentración en unos pocos actores económicos”.

De acuerdo a ese informe del BCRA, un reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por USD 24.679 millones. De cada 10 dólares que ingresaron en esa etapa, 8 tenían su origen en colocación de deuda y capitales especulativos. El ingreso de divisas por deuda pública, privada e inversiones especulativas de portafolio sumaron USD 100.000 millones. 

Durante todo el período 2015-2019, la fuga de capitales se triplicó. Incluso durante la primera etapa de auge de ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los USD 41.100 millones. En la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, alcanzó los USD 45.100 millones. Tras pasar el peine fino a esa información del BCRA, el fiscal Picardi solicitó precisiones sobre cinco puntos. Quiere identificar:

1) Quiénes fueron los 100 agentes que realizaron compras netas por 24.679 millones de dólares entre entre diciembre de 2015 y octubre de 2019, con el detalle de cada fecha;

2) Quiénes fueron los diez compradores que lo hicieron por un monto de 7.945 millones de dólares;

3) Quiénes fueron las personas jurídicas que efectuaron compras netas por 41.124 millones de dólares;

4) Quiénes fueron las empresas que realizaron las mayores transferencias netas de divisas al exterior;

5) Cuál fue la persona física que habría realizado operaciones por 40,5 millones de dólares.

La jueza Capuchetti hizo lugar al planteo fiscal y espera la respuesta de los expertos de la entidad crediticia. Pero además le insistió al BCRA sobre otro informe solicitado a inicios de febrero que aún no tuvo respuestas: el detalle sobre “el monto, evolución y composición de las reservas internacionales existentes en esa entidad entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019″ que incluya un “cuadro comparativo que posibilite una mejor ilustración al tribunal”.

Además que explique “cómo fue la variación/evolución operada por las reservas internacionales con posterioridad a la acreditación del empréstito adquirido con el FMI y hasta la fecha”

Según explicaron a Infobae las fuentes consultadas, ese informe permitirá “corroborar la trazabilidad del crédito” y ver la foto en torno a que Argentina ya venía tomando deuda antes de recurrir al fondo y cuál era el flujo de reservas que tenía.

La jueza también volvió a insistir, con un nuevo oficio, a la Comisión Nacional de Valores, con el misma información detallada por Infobae en enero: identificar a quiénes fueron los destinatarios finales, ya sea personas físicas o jurídicas, que compraron la mayor cantidad de títulos de deuda Lebacs entre 2015 y 2019 y quiénes desarmaron esas posiciones en pesos desde 2018 y finales de 2019.

No es un detalle menor: en la causa ya está adjuntado el último informe del FMI en donde el organismo internacional sostiene que Argentina no estableció ningún control de cambios para evitar la salida de dinero. “Los crecientes pagos netos de deuda privada, sumados a la fuga de los capitales de residentes, sometieron al tipo de cambio a una presión considerable”, decía aquella declaración oficial.

Por estas horas, el gobierno de Alberto Fernández cerró un acuerdo que deberá aprobar el Congreso para restructurar esa deuda. Desde el oficialismo se sostiene que se buscará hacer crecer la economía y reducir el déficit sin ajuste, ni reforma laboral ni ‘tarifazos’. “La palabra ajuste está desterrada de la discusión con el FMI”, había dicho en enero pasado. El acuerdo implica revisiones trimestrales durante dos años y medio por parte del FMI. La deuda terminaría de pagarse en el 2034.