DEBEN SER EXPUESTOS, MULTADOS y DETENIDOS por la JUSTICIA: Al igual que en el resto del mundo, en América Latina la
desinformación y las llamadas fake news se difunden rápidamente
y causan daños sociales, impactando políticas públicas, procesos electorales,
entre otras pérdidas. De esta forma, varios gobiernos y legisladores del
continente han propuesto y aprobado leyes para frenar la práctica, incluso con penas
de prisión.
Argentina: “investigaciones” de noticias maliciosas
En octubre de 2020, el gobierno de Argentina
puso en marcha el Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en
medios y plataformas digitales (NODIO) con el objetivo de
“proteger a los ciudadanos de las noticias falsas, maliciosas y falacias” que
circulan por internet.
La creación de NODIO generó críticas porque
está vinculado a la Defensoría Pública, que a su vez es un organismo creado por
la Ley de Medios, que regula los medios en Argentina.
En respuesta, la agencia
dijo que se ocupará de la investigación cualitativa y cuantitativa sobre
violencia simbólica y noticias maliciosas ya difundidas. “No existen
intenciones de llevar adelante ni el control, ni la supervisión de la tarea de
la prensa: son actividades incompatibles con las funciones de la
Defensoría del Público”.
Aunque la regulación de las
grandes plataformas digitales es una tendencia mundial, como muestran los
ejemplos recientes de Estados
Unidos y la Unión Europea,
existe la preocupación de que las leyes específicas que responsabilizan a las
personas por la circulación de desinformación puedan utilizarse para atacar a
opositores políticos y periodistas.
Una
resolución de octubre de la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP) condenó recientemente las propuestas para criminalizar las noticias
falsas. La organización pide a los gobiernos que abandonen dichos proyectos de
ley en el continente.
“Detrás de proyectos que se presentan con el loable
propósito de evitar este peligro, se suelen esconder otros objetivos, que
tienden solo a la censura o autocensura, para neutralizar el periodismo de
investigación o silenciar a los opositores”, dijo Carlos
Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, a LatAm
Journalism Review (LJR).
En 2005, Venezuela incluyó
en su Código Penal una ley que penaliza la difusión de información falsa. Con
el auge del autoritarismo en el país, se convirtió en un instrumento más del
régimen de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro contra la prensa
independiente.
En 2020, la ley de delitos
digitales de Nicaragua generó una ola de críticas por parte de organizaciones de libertad de
prensa. El periodista nicaragüense Wilfredo
Miranda, quien escribe para El País y Divergentes,
afirma que el gobierno pretende, con esta ley, silenciar las voces críticas y
el periodismo independiente.
“El gobierno decide qué es una noticia falsa y puede decretar pena de cárcel o multa contra el periodista. (...) [Crea] un andamiaje jurídico a sus narrativas descalificadoras contra los medios de comunicación y periodistas que nos acusa de promover noticias falsas”, dijo Miranda a LJR.
El experto en desinformación de la ONU, Matías
Ponce, cree que cualquier propuesta para regular y frenar la desinformación
debe hacerse a través de un sistema independiente del poder político, con
reglas claras, controles y equilibrios, “para que esto no termine siendo
persecución a la prensa”. Reconoce la dificultad de diseñar un sistema de esta
magnitud:
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