ESTABLECE
EL ACCESO UNIVERSAL Y GRATUITO AL TRATAMIENTO, GARANTIZADO POR EL SISTEMA DE
SALUD PÚBLICO, LAS OBRAS SOCIALES Y LA SALUD PRIVADA.
En una reunión conjunta
las comisiones de Acción Social y Salud Pública y, Presupuesto y Hacienda
avanzaron en una la nueva ley que declara de interés público nacional la
respuesta integral a la infección por el Virus de Inmuno Deficiencia Humana -
VIH -, las Hepatitis Virales, la Tuberculosis - TBC - y las Infecciones de
Transmisión Sexual - UTS - y plantea la derogación de la Ley 23.798.
Al inicio del debate, la
presidenta de la Comisión de Salud, Mónica Fein (Socialista) presentó al
director nacional de Control de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de
Salud de la Nación, Hugo Ferraud, quien recordó el intenso trabajo para
articular el texto del proyecto con organizaciones y la comunidad
científica.“Logramos un proyecto que incorpora novedades y derechos en la letra
legislativa”, valoró el funcionario.
Por su parte, la
diputada y autora del proyecto, Carolina Gaillard (FdT) explicó que “es un
proyecto de las organizaciones de la sociedad civil que viene a modificar una
ley de hace 30 años, viene a cambiar el paradigma del tratamiento del VIH con
un abordaje social”, fundamentó. “Plantea un enfoque de derechos humanos e
incorpora a las mujeres y personas gestantes, la investigación y capacitación y
garantiza calidad de vida”, puntualizó, y adelantó que algunas modificaciones
solicitadas serán tratadas en el Recinto.
Asimismo, el diputado
Luis Espert (Avanza Libertad) alertó por el “costo fiscal de la ley y la
prohibición de despidos que no ha llevado a ningún lugar bueno”. A su vez,
Gustavo Bouhid (UCR) se manifestó sobre el seguimiento del tratamiento “ya que
no lo he visto en el proyecto” y solicitó que el “acceso a la medicación sea en
el lugar de residencia” para facilitar el acceso.
El proyecto establece el
acceso universal y gratuito al tratamiento, garantizado por el sistema de salud
público, las obras sociales y la salud privada. En este sentido, toda prueba
deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal. Además,
promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional
para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una
pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en
situación de vulnerabilidad social, entre otros.
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