La vicepresidenta
profundizó el debatir a partir de una propuesta del intendente de Pehuajó de
reconvertirlos. La opinión de los jefes comunales de Esteban Echeverría,
Moreno, Lomas de Zamora, Lanús y Tres de Febrero.
El debate sobre los programas
sociales y su administración sigue en el centro de la escena después de las declaraciones del
lunes de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en las que pidió que "la
aplicación de políticas sociales deje de estar tercerizada".
A sus palabras, y la posterior defensa
que hizo el presidente Alberto Fernández de las organizaciones
sociales, este miércoles se sumó una reunión que ella tuvo en el Senado con el intendente de Pehuajó,
Pablo Zurro, quien le
acercó una propuesta "para transformar los planes sociales que hay en esa
ciudad en trabajo", y que, según contó la propia CFK, también fue
presentada al ministerio de Desarrollo Social.
Entre los intendentes del
conurbano, tanto de la oposición como del oficialismo, no hay una posición
unificada. Los opositores salieron rápido a cuestionar a los movimientos
sociales. Entre los oficialistas, en cambio, plantean que el desorden que hay
con los planes sociales se generó durante el gobierno de Mauricio Macri.
Martín Insaurralde,
intendente en licencia de Lomas de Zamora y jefe de gabinete de Axel Kicillof,
expresó que "hice
una ronda de consultas con intendentes bonaerenses, tanto del oficialismo como
de la oposición y es unánime la aceptación de la descentralización del control
de los planes sociales en los Municipios. Hay que construir un Estado
fuerte, eficiente, transparente".
Para algunos intendentes
consultados por este diario, muchos de los problemas actuales vinculados a los planes sociales se
generaron durante el macrismo, cuando se dio de alta a muchos beneficiarios sin
ningún tipo de control. Eso, indican, permitió que se generen
situaciones de clientelismo y pérdida de los registros por parte de los
municipios.
Insaurralde resaltó que “los programas sociales deben tener una
contraprestación controlada por el Estado y el primer mostrador del Estado son
los Municipios. Esa es la esencia del planteo de Cristina". También agregó
que "llegó la hora
de debatir el Salario Universal" y que “las políticas sociales no
pueden ser discrecionales. El mayor éxito de la Asignación Universal por Hijo
es justamente la universalidad”. Por último, recordó que Argentina Trabaja "fue un programa muy
exitoso que lanzó Néstor y continuó Cristina". "Nuestra convicción es
que los programas sociales tienen que tener una contraprestación y control del
estado, eso es lo que estamos discutiendo”, opinó.
El proyecto que Zurro le
presentó a CFK y al ministerio de Desarrollo Social propone un cambio de régimen de los beneficiarios del
programa Potenciar Trabajo y que algunas cosas queden a cargo del
municipio como, por ejemplo, un pago adicional mensual a los beneficiarios; la asignación de
tareas y capacitaciones; control
de asistencia y de las altas y bajas según cumplimiento y el pago de aporte para acceso a la
Obra Social. Además, proponen una firma de convenio entre la
Municipalidad y IOMA para afiliación voluntaria de beneficiarios del Programa
Potenciar Trabajo, afrontando el costo el estado municipal.
El problema, comentaron
algunos intendentes del conurbano a este diario, es que no es lo mismo un municipio
pequeño como Pehuajó, que tiene unos 300 beneficiarios del plan, que otras localidades de
provincia de Buenos Aires que tienen unos 20 mil beneficiarios.
"Si en municipios grandes le damos un adicional de dinero a cada
beneficiario puede significar un colapso de las cuentas", explicaron.
Los intendentes de la oposición aprovecharon la ocasión tratando de
llevar agua para su molino. Bajo discursos estigmatizantes en contra de quienes
reciben ayuda del Estado, reclamaron hacerse cargo de todos los planes
sociales. Néstor
Grindetti, de Lanús, expresó que “el Estado nacional debe girar las partidas a los
municipios con la nómina de beneficiarios y las administraciones
locales deben asignarles una tarea, controlar el presentismo y el cumplimiento
de las actividades con incentivos.
De esta manera, se elimina la
intermediación”. En esa línea, el intendente macrista de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, explicó
a este diario que "los planes no deberían tener intermediarios. Deberían
tener un sistema de rendición de cuentas y de auditoría más claro. Estoy del lado de una
descentralización de los planes".
La intendenta de Moreno, Mariel
Fernández, forma parte de los movimientos sociales y su opinión sobre el
tema es distinta a la de los demás intendentes. En diálogo con Página/12, explicó que lo
que no aclaran sus pares es que "todos los municipios ya tienen su unidad de gestión",
es decir, ya manejamos
distintos planes, como el Potenciar Trabajo. "El planteo sería,
en todo caso, sacarle a la UTEP los afiliados, no sé qué es lo que quieren
hacer", resaltó. En esa línea, agregó que para ella "se está errando en el
análisis. Es una equivocación pensar que los movimientos sociales se organizan
a través de los programas sociales". "Si lo que quieren es
saber cuántos planes hay en el municipio se pueden sentar con el secretario de
Economía Social y charlar, pero no es de esta manera. Esto es un diálogo
violento en el que acusan a los trabajadores de la economía popular de ser
vagos", dijo.
Fernández indicó que muchas de las personas que componen la economía
popular son víctimas de un sistema que los excluyó luego de los procesos de
privatización que se dieron a fines de los 90 y que "hay un problema con nuestra dirigencia que no tiene
vínculo con los sectores populares y tienen mucho desconocimiento". "A veces es fácil ver a
los humildes como subordinados o como delincuentes, nunca como el pueblo que se
organiza", expresó. Por último, opinó que "sería interesante que en
lugar de poner el énfasis en la organización de los más pobres se ponga el foco
en cómo se está subsidiando a las empresas que trabajan para solo aumentar sus
ganancias y no generan puestos de trabajo".
Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, también expresó su
postura en diálogo con Página/12. Para
él "las generalizaciones nos llevan a cometer injusticias porque hay
organizaciones con muchísimo trabajo social y responsabilidad. Lo que sí tiene que haber es
control por parte del Estado". Para Gray, la situación se desordenó en
la última etapa del gobierno macrista porque "iba cualquier organización,
cortaba la calle y venían a los municipios llenos de planes, sin ningún tipo de
control, sin ninguna contraprestación y sin siquiera saber los municipios
quiénes eran los beneficiarios".
"Cuando estaba Alicia
Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social había un programa de
cooperativas que inició Néstor con el que los intendentes estuvimos de acuerdo.
Ese programa se llevó adelante, en la órbita del ministerio de Desarrollo
Social, y había una organización con un Estado muy presente. Hoy los intendentes queremos
saber quiénes son los beneficiarios porque los municipios sabemos dónde están
las prioridades". Para Gray, "los que reciben el plan son
trabajadores, pero el Estado no controla. Como municipio digo que trabajemos
junto con las organizaciones. Hay que ver por partes, hay que sentarse, hablar
mucho y organizarnos sin pelear, porque esta es una discusión muy importante
que tenemos hacia adelante".
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