2/11/2016: La ley 27.330, promovida para frenar puntualmente las carreras de galgos, fue sancionada el 17 de noviembre de por la Cámara de Diputados tras cosechar 132 votos a favor y 17 en contra. “Queda prohibido en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza”, establece la norma en su artículo 1°.
Así lo hizo mediante el decreto 1221, publicado este viernes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Justicia, Germán Garavano.
En medio de la protesta de Galgos Libres contra la decisión de restituir 61 perros a quienes los usaban en carreras ilegales, Omar De Pedro argumentó que “no está probado” el maltrato y que, en cambio, los proteccionistas sí los tienen en malas condiciones y con "riesgo de vida"
Mientras un fuerte reclamo de proteccionistas de animales se hacía escuchar en las calles de Rosario este viernes por la noche, después de la decisión de la Justicia de restituir 61 perros galgos a quienes los usaban para carrera ilegales, el fiscal Omar De Pedro, responsable de la determinación, defendió su accionar, cuestionó con dureza a quienes forman parte de Galgos Libres y sostuvo que hay perros que, luego de estar en la protectora, terminaron “con 19 kilos menos”.
En una argumentación polémica y con algunos puntos poco claros, el fiscal indicó en una comunicación telefónica con Telenoche (El Tres) que hay “un gran desconocimiento de la causa” y que tomó esta resolución porque los proteccionistas tienen a los galgos “desnutridos y con heridas”. “Se le cuentan las costillas. Un perro tenía 19 kilos menos y nadie está preguntando cómo están. La gente está engañada”, expresó.
Además, De Pedro manifestó que “jurídicamente no está probado el maltrato” de las más de 100 personas demoradas el domingo 2 de octubre cuando se frenó una carrera ilegal de perros en la zona rural de Sauce Viejo, aunque estas competencias están prohibidas por la ley 27.330.
Precisó que cuando trasladaron a los animales se les hizo un doble análisis veterinario y se les tomó fotos, pero que todos “estaban en perfectas condiciones”. Tampoco se constató que hayan estado dopados. Contrariamente a los reclamos de los proteccionistas, el funcionario judicial reafirmó que cuando tomó la causa convocó a los jefes de la Policía Ecológica de Rosario para que le dieran información sobre el estado de salud de los galgos y que descubrió que algunos “corrían riesgo de vida”.
También denunció que desde Galgos Libres le advirtieron que, si tomaba la decisión de devolverlos, ellos iban a iniciar una campaña mediática “porque tendrían que blanquear casi 600 mil pesos” que recibieron en donaciones. Según explicó, por el procedimiento realizado en Sauce Viejo hay 42 personas condenadas que no pueden participar de carreras y que pagaron multas de 30 mil pesos, dentro de una sentencia que también contempla la aceptación del control estatal de los perros por dos años.
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