¿DEBERÍAN OPINAR? Iglesia argentina expuso ante el Senado su rechazo a bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

 

Miembros de la Pastoral Social y de Cáritas Argentina fueron recibidos en el Congreso de la Nación, donde expusieron su postura sobre el proyecto de modificación del Régimen Penal Juvenil, que implica la baja en la edad de imputabilidad a 14 años y ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. 

La reunión tuvo lugar el jueves 19 de febrero y fue ocasión para que los referentes de la Iglesia Católica expusieran ante los senadores los principales argumentos en contra de bajar la edad de imputabilidad, contenidos en la carta abierta enviada el pasado 8 de febrero a los legisladores nacionales. 

 

La oposición a la medida tiene la adhesión de organizaciones como UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA), la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADEPRA), y la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), entre otras.

 

Desde la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Cáritas advirtieron que bajar la edad de imputabilidad no reduce el delito, sino que profundiza la exclusión y la violencia.  

Para ello, apoyados en evidencia regional, expusieron que los países que han fijado edades de imputabilidad más bajas presentan mayores niveles de violencia, mientras que Argentina —con una edad mínima de 16 años— mantiene una de las tasas más bajas de homicidios de la región. 

Por otra parte, subrayaron que en el país no están dadas las condiciones materiales, institucionales ni presupuestarias para implementar un régimen penal juvenil que garantice acompañamiento integral, tratamiento en salud mental, continuidad educativa, capacitación laboral y procesos reales de reinserción para los menores. 

Asimismo, teniendo en cuenta el contexto de desfinanciamiento por parte del Estado a las políticas sociales, consideraron que esta medida recaerá principalmente en los sectores más pobres, y no atacará la causa estructural del problema. 

Al referirse a los adolescentes, recordaron que son sujetos en desarrollo, con capacidades progresivas, y que, según evidencia científica, el cerebro adolescente aún no ha alcanzado la madurez necesaria para una plena evaluación de las consecuencias de sus actos 

En ese marco, insistieron en que los delitos protagonizados por menores de 16 años deben ser abordados por el Sistema de Protección de Derechos y los Juzgados de Familia, y no por el sistema penal, que debe ser siempre la última instancia. 

También se refirieron a los mayores de 16 años que cometen delitos graves, para quienes pidieron fortalecer los mecanismos de justicia restaurativa, que han demostrado reducir significativamente la reincidencia, y promover procesos de reparación para las víctimas y la comunidad. 

Además, desde la Iglesia Católica cuestionaron la constitucionalidad del proyecto que se debatirá en la Cámara de Senadores, ya que implicaría una regresión en materia de Derechos Humanos, contrariando así los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. 

Finalmente, los referentes eclesiales afirmaron: “La solución a la violencia no es el castigo temprano, sino la prevención, la inclusión y la creación de oportunidades reales”. 

“Lo que está en juego no es solo una ley, sino el modelo de sociedad que queremos construir”, concluyeron, manifestando su disposición a continuar con el diálogo para lograr una reforma integral, seria y responsable.  

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