En febrero de
2026, los glaciares en Argentina enfrentan un riesgo inminente por el
impulso del gobierno de Javier Milei para modificar la Ley de Glaciares
(26.639) en sesiones extraordinarias del Senado. Esta reforma busca flexibilizar la
protección, amenazando el ambiente periglacial y reservas estratégicas de agua
para favorecer actividades extractivas como la minería
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Miguel Angel, más de 85
constitucionalistas y académicos enviaron una carta al Congreso
advirtiendo que la
reforma a la Ley de Glaciares es inconstitucional, adhiriendo su postura a nuestro trabajo de presión mediática,
análisis jurídico y de registros audiovisuales por la protección de los
Glaciares. ¿Por qué? Reduce garantías ya vigentes y
contradice el artículo 41 de la Constitución, que garantiza presupuestos
mínimos de protección ambiental que no pueden ser debilitados ni rebajados. Además, advierten que la reforma
debilita el Inventario Nacional de Glaciares, pone en riesgo el derecho al
agua y puede generar más conflictos y desigualdad ambiental. Todo esto mientras los
glaciares argentinos se encuentran retrocediendo. En la última actualización
del inventario se determinó que los glaciares que se encuentran en el norte
de la cordillera perdieron el 17% de su superficie en los últimos diez años.
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