jueves, 13 de agosto de 2020

ASEGURAN que 450 mil personas han muerto en EEUU tras consumir OXICODONA, una droga que debía usarse para enfermedades terminales.

 

El OxyContin es un potente analgésico que se le señala como uno los principales de los decesos en el país norteamericano y que además le cuesta casi 80 mil millones de dólares al año a la nación estadounidense.

 

Las compañías farmacéuticas llevan décadas extendiendo sus tentáculos por hospitales y centros médicos del país y seduciendo al personal sanitario con suculentos regalos y sumas monetarias a cambio de que éstos receten sus medicamentos y se conviertan en embajadores de sus marcas, destacó el medio Público.

En Estados Unidos desde 1999, al menos 450.000 personas han muerto debido al uso de OxyContin, un potente analgésico al que se le señala como uno de los principales responsables de esta grave crisis de opioides que le cuesta más de 78 mil millones de dólares al año a las arcas del país.

El fabricante de OxyContin (cuyo nombre genérico es oxicodona) es Purdue Pharma, una farmacéutica en manos de la familia Sackler, que ha tratado de blindarse económicamente ante la avalancha de querellas judiciales que se le ha venido encima para proteger una fortuna que, según medios estadounidenses, asciende a miles de millones de dólares (el equivalente a más de un billón de dólares en EEUU). En septiembre de 2019 Purdue Pharma se acogió a las protecciones que ofrece el llamado “Capítulo 11” y se declaró en bancarrota.

“Hay cientos de miles de casos de personas afectadas por haber consumido una droga que inicialmente debía usarse para enfermedades terminales”, asegura Chris Madeksho, un abogado de Los Ángeles en entrevista con el diario Público“Hemos recibido llamadas de padres cuyos hijos pequeños han sufrido una sobredosis porque encuentran el medicamento en el armario de las medicinas, se lo prescriben o lo consumen de manera recreativa sin saber lo altamente adictivo que es”.

Madeksho explica que las miles de querellas presentadas de costa a costa contra la farmacéutica se están canalizando a través del juez Robert Drain, que supervisa el proceso de bancarrota desde una sala judicial en White Plains (NY).

“Se ha creado un fondo económico con más de 10 mil millones de dólares (el equivalente a más de diez billones de dólares en EEUU) que se dividirá entre los individuos y los municipios afectados”, afirma el abogado.

No es la primera vez que Purdue Pharma está en el punto de mira del público y de las autoridades federales. En un comunicado emitido por el Fiscal General de EEUU en mayo de 2007, la farmacéutica accedió a pagar una multa de 635 millones de dólares y su cúpula directiva se declaró culpable de haber ocultado y mentido sobre el elevado riesgo de adicción de OxyContin ––una información que también ocultó a sus representantes de ventas––.

Pero más allá de la multa e indemnizaciones económicas para los afectados, Madeksho aclara que es “muy raro” que este tipo de casos culminen con los responsables entre rejas y que la imputación de cargos penales es una decisión que depende de las autoridades. “La lección que debemos aprender aquí es en responsabilidad corporativa. Seamos honestos, las vidas de quienes tomaron la decisión de prescribir y expandir el uso de esta droga no han quedado dañadas”, lamentó.

En noviembre del año pasado, el Departamento de Justicia de EEUU anunció una condena de tres años de libertad condicional para Heather Alfonso, la enfermera, originaria de Carolina del sur, se había convertido en la mayor prescriptora en Connecticut de Subsys, un spray de fentanilo indicado para pacientes con cáncer producido por Insys Therapeutics.

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