La
iniciativa de la RedBPA busca establecer un marco nacional uniforme, con
criterios científicos y tecnológicos, que proteja la salud, el ambiente y la
productividad agrícola. Con el número de expediente 5621-D-2025, se presentó en el
Congreso de la Nación el proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental para la Aplicación de Productos Fitosanitarios.
La propuesta surge del trabajo
conjunto de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA),
integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas. La iniciativa fue impulsada por los diputados Atilio
Benedetti y Maximiliano Ferraro, y acompañada por 29 legisladores de los
bloques UCR, CC-ARI, PRO, UXP, Encuentro Federal, Innovación Federal, Unidos,
Coherencia, Democracia para Siempre y Liga del Interior-ELI.
En este sentido, el legislador
Maximiliano Ferrari posteó en sus redes sociales: "Junto a Atilio
Benedetti y más de 30 diputadas y diputados de distintos bloques políticos presentamos un proyecto de ley de presupuestos ambientales para la aplicación
de fitosanitarios, elaborado con el aporte de más de 80 instituciones de la
Red de Buenas Prácticas Agrícolas".
Además, agregó que "es una propuesta construida desde el consenso para brindar certezas
y tranquilidad a todos los actores involucrados, productores, vecinos y autoridades, a través de
receta profesional obligatoria, trazabilidad, capacitación y reglas claras para
cada aplicación".
Ferrari, finalizó el posteo
diciendo: "Una base federal y responsable para cuidar la salud y
el ambiente, fortaleciendo al mismo tiempo la producción sostenible en todo el
país".
Actualmente, Argentina carece de una ley nacional específica que
regule la aplicación de fitosanitarios, lo que genera incertidumbre,
regulaciones locales dispares y desconfianza social. El proyecto de la
RedBPA busca establecer un marco regulatorio uniforme basado en evidencia
científica, criterios de gestión del riesgo reconocidos internacionalmente y en
las mejores tecnologías disponibles, tomando en cuenta antecedentes
nacionales e internacionales relevantes.
El objetivo es ofrecer certidumbre, previsibilidad y confianza
tanto a los actores productivos como a la ciudadanía, compatibilizando la
actividad agrícola con la salud pública y la preservación del ambiente. La
propuesta no es prohibicionista: reconoce la necesidad de los fitosanitarios
para mantener la productividad, pero establece reglas modernas y seguras que
protejan a quienes los aplican y a las comunidades cercanas.
Entre los puntos clave del proyecto se destacan:
Responsabilidades claras: define funciones y
obligaciones de todos los actores involucrados, desde productores hasta
fiscalizadores.
Zonas de uso: introduce conceptos de zonas
sensibles, de exclusión y de amortiguamiento cerca de poblaciones, cursos de
agua, escuelas rurales y áreas protegidas.
Receta profesional: toda aplicación debe realizarse
bajo receta emitida por un profesional matriculado.
Control de insumos y equipos: solo se podrán usar
productos autorizados por SENASA, y los equipos aplicadores deberán estar
registrados y verificados periódicamente.
Capacitación obligatoria: establece un sistema
nacional de formación periódica frente a avances tecnológicos y científicos.
Monitoreo: obliga a implementar programas de
seguimiento ambiental, epidemiológico y de residuos en alimentos, con
información pública.
Régimen sancionatorio: contempla sanciones
administrativas para garantizar la efectividad de la norma y brindar seguridad
jurídica.
Según los impulsores, el proyecto constituye una herramienta
normativa moderna, integral y equilibrada, que busca armonizar y elevar
los estándares de regulación en materia de aplicaciones de fitosanitarios,
asegurando un sistema agroalimentario competitivo, tecnológicamente innovador y
ambientalmente sostenible.
No hay comentarios:
Publicar un comentario