La UATRE junto a la
asociación civil CRISOL presentaron una herramienta que validará el
cumplimiento laboral y de derechos humanos de los productores de soja y carne
bovina que exportan a la UE, como complemento de la trazabilidad ambiental que
garantiza VISEC.
La Unión Argentina
de Trabajadores Rurales (UATRE) reunió
el último jueves a personalidades del propio sector para exponer un costado de la
discusión que, hasta ahora, no había ocupado un lugar central cuando se trata
de reglamento de comercialización con la Unión Europea: la dimensión social.
Mientras el
debate pasa fundamentalmente por cómo cumplir con las exigencias de que la
carne y la soja se produzcan en campos que no hayan sido deforestados desde
2020 en adelante, a la par debe recordarse que el reglamento 1115 del viejo
continente impone también que los establecimientos proveedores deben
comprobar el cumplimiento de las leyes laborales.
Por este motivo, UATRE en co-desarrollo con la
asociación civil
CRISOL Proyectos Sociales lanzó la
herramienta que utilizará para emitir esta “Constancia de Legalidad”.
EL DESARROLLO DE LA UATRE
De la articulación institucional para el desarrollo
de la constancia, también participó VISEC y la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires (FAUBA).
Margarita Carratú, Presidente de CRISOL,
empresa de proyectos sociales que asiste y capacita a UATRE desde hace dos
años, explicó que la constancia de legalidad “es parte de la punta de lanza del
sindicato que tiene que ver con sustentabilidad”.
Ahora, no bastará con tener un certificado propio
que acredite el cumplimiento de la legislación aplicable en el país de
producción –en este caso Argentina–, sino que UATRE en conjunto con el
organismo técnico CRISOL deberán certificarlo. En esa
línea, dijo que la herramienta viene a complementar la parte ambiental que
propone la trazabilidad de Visec en la cadena de suministro de soja y carne
bovina, en respuesta al Reglamento UE 2023/1115.
La idea está basada en el Artículo 3 del
reglamento, que establece como condición la acreditación del cumplimiento
de la legislación aplicable en el país de la producción. Justamente, por eso le
llaman validación: porque al momento de firmar la declaración jurada
incluída en la carga de la información que documenta la unidad productiva, el
productor firma “estar de acuerdo con el Artículo 3”.
“Nosotros vamos a validar lo que todos los
productores de la cadena dicen que hacen en cumplimiento con el Artículo 3”, sintetizó
Carratú. Es la validación de la validación del validador, de la documentación
que respalda el propio sistema y de los importadores que acuerdan con las
empresas exportadoras y las garantías que brindan.
La propuesta consiste en recolectar
evidencias relevadas al pie de lote a través de una visita técnica de
personería de UATRE.
Esto, dijeron, parte de una construcción de “hacer y
deshacer” entre productores y el sindicato que concluyeron en un cuestionario
de 20 preguntas estructuradas y del registro de fotografías o archivos según
corresponda.
Durante la visita, se observarán “las
condiciones laborales, de derechos humanos y derechos de terceros”.
Concretamente, se verificará:
·
El trabajo registrado y la seguridad social;
jornada, descansos y horas extras; prevención del trabajo infantil; salud y
seguridad en el trabajo; entrega y adecuación de EPP; contratos con
contratistas y cooperativas; ART o seguro de accidentes personales; respeto por
comunidades y terceros y presentación de la libreta del trabajador rural y
constancias.
En ese punto, aclararon que el enfoque
no es punitivo. “Será una verificación rigurosa con enfoque de mejora contínua”, dijo
Carratú.
Aunque, como quien conoce la respuesta del otro
lado, rápidamente aseguró que no será un sello automático: “seremos muy
rigurosos pero flexibles, si el productor no tiene el papel que acredita
que tiene al trabajador con un contratista, los ayudaremos a que lleguen al
estándar”.
Además, reparó en que la visita será logísticamente
acordada. Detrás de la metodología, señalaron que la idea es reducir costes
derivados de transacciones o mecanismos repetidos.
“El productor en dos horas de visita técnica va a
resolver un problema que puede llevar días, meses en sacar la producción”, acotó, e
hizo la venta final con un paralelismo: “es una solución que diametralmente no
puede compararse con el problema que pueden traer por el nivel de riesgo
estándar del 3% mínimo las distintas auditorías internacionales”.
Del mismo modo, lo explicó como una “capa
de derechos humanos” al cumplimiento de la debida diligencia:
“Se ha invertido la carga de la prueba en los
comercios internacionales, ya un productor no verifica si una empresa o un
productor dentro de una comercialización tiene un prestigio debilitado respecto
a una denuncia que se haya hecho, sino que tiene que demostrar que trabaja bien
y se cumplen las condiciones básicas en esas instalaciones productivas” ,
reflexionó.
Hasta ahora, la información que carga el productor
en VISEC se valida en cuanto a su identidad, ubicación y ausencia de
deforestación, y las verificaciones independientes se concentran en plantas,
puertos y embarques. La constancia agrega, en cambio, una verificación
en el campo sobre las condiciones laborales. En ese punto es que, dado que
históricamente UATRE no se dedicaba a esto, FAUBA brindará la capacitación
virtual en el registro, el sistema MRV y la trazabilidad.
“La primera
conclusión que tenemos, es que no tenemos opción”, sentenció el presidente de
VISEC y de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, al definir la situación respecto a la
validación del cumplimiento de las condiciones laborales. Foto: UATRE.
Que la dimensión social en la cadena de valor
productiva merece una discusión aparte, puede ser válido. Lo que queda claro es
que responde a las exigencias de los actores que fijan estándares y cambian
paradigmas en el comercio internacional.
“Es nuevo y necesitaremos de la colaboración de
todos los actores, tanto productores como exportadores”, cerró Gustavo
Idígoras, presidente de CIARA-CEC.
De momento, la aplicabilidad de la constancia
sería recién en diciembre, cuando la organización sindical entregue las
credenciales que habilitarán a los revisadores a acudir a los
establecimientos.
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