La
falta de coordinación entre provincias y de infraestructura formal limita su
manejo, mientras los daños causados ya alcanzan cifras de hasta US$1.600
millones.
Considerada una de las
especies invasoras más problemáticas del mundo, el jabalí continúa expandiéndose en Argentina sin un esquema de control
efectivo, generando daños económicos millonarios y crecientes riesgos
sanitarios.
Según estimaciones recientes,
las pérdidas asociadas a esta especie, entre daños a cultivos,
instalaciones, criaderos y accidentes, oscilan entre 1.100 y 1.600
millones de dólares anuales.
Francisco Pescio, docente de la Cátedra
de Producciones Animales Alternativas de la Facultad de Agronomía de
la UBA (FAUBA), analizó en diálogo con el portal Sobre la Tierra la
situación y advirtió que el país enfrenta un escenario de expansión
descontrolada.
Una
especie invasora sin freno
Introducido en Argentina a comienzos del siglo XX con fines
cinegéticos, el jabalí encontró un ambiente propicio para su desarrollo,
caracterizado por la ausencia de depredadores naturales, su alta capacidad de
adaptación y condiciones ecológicas favorables. En las últimas décadas, su
crecimiento se aceleró significativamente, al punto de ser considerado
una plaga agrícola en varias provincias, entre ellas Buenos Aires.
No se cuenta con un número preciso de su población, lo que
dificulta dimensionar el problema. A esto se suma el cruce con cerdos
domésticos, una situación frecuente que genera animales híbridos con
comportamientos más agresivos y características físicas similares al jabalí,
lo que agrava el impacto productivo y sanitario.
Riesgos
sanitarios y producción limitada
En este contexto, a diferencia de otras especies silvestres, el
jabalí presenta riesgos sanitarios relevantes. Puede transmitir
enfermedades como triquinosis, hepatitis y peste porcina, tanto a los cerdos
como a los seres humanos, lo que convierte su consumo en una práctica
delicada si no se realiza bajo controles adecuados.
Actualmente, no existen frigoríficos habilitados en el
país para su faena con tránsito federal, lo que limita el desarrollo
de una cadena formal de producción. Como consecuencia, gran parte del
aprovechamiento de la carne se realiza en circuitos informales, con riesgos
asociados para la salud pública. "El problema no es solo
productivo, también es sanitario", advierte Pescio.
Además, la regulación depende
de las provincias, lo que genera un mosaico de normativas dispares. "Córdoba
tiene un plan bastante más activo, mientras que en provincias del NOA la caza
presenta mayores restricciones. Esto genera situaciones muy dispares en
territorios cercanos", explicó el especialista.
Experiencias puntuales, como el control en Parques
Nacionales mediante caza regulada y monitoreo sanitario, han mostrado
resultados positivos. Sin embargo, su replicación a mayor escala
requiere recursos, planificación y articulación institucional.


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