por Fundacion Soberanía Sanitaria
· 10 septiembre, 2026
Una problemática
multidimensional que requiere políticas de Estado
Introducción
El suicidio constituye uno de
los problemas de salud pública más complejos de la actualidad. Lejos de
tratarse de un problema individual, es la manifestación más cruda de un proceso
complejo de salud mental en el que se entrelaza lo colectivo, lo social y la
subjetividad de las personas. Por esta razón, su prevención requiere
intervenciones que excedan el ámbito estrictamente sanitario y comprometan al
Estado, a las instituciones educativas, a las organizaciones sociales y a las
propias comunidades.
A nivel mundial, no se cuenta
con datos actualizados pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima
que aproximadamente 727.000 personas murieron por suicidio en 2021. Ese año, el
suicidio constituyó la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 29
años y el 73% de las muertes se produjo en países de ingresos bajos y medianos.
La OMS advierte, además, que la prevención es posible, pero requiere un
abordaje integral: las estrategias más eficaces combinan intervenciones
sanitarias con medidas sociales, educativas y comunitarias.
En Argentina, a pesar de contar
con diversas fuentes de información que no permiten comprender el problema en
toda su magnitud, los datos muestran un aumento sostenido y alarmante en los
últimos años. Sin embargo, desde el Estado Nacional no se han desarrollado
políticas para abordar este problema complejo y multidimensional, se ha
reducido el presupuesto destinado a salud mental y se sigue insistiendo con la
modificación de la Ley Nacional de salud Mental pasando de un modelo basado en
la interdisciplina a un modelo que reduce la enorme complejidad de los
padecimientos subjetivos y que va a generar aún más dificultades para el acceso
a la atención.
El
aumento del suicidio constituye una problemática de salud pública que requiere
una respuesta estatal sostenida e integral. Los datos disponibles muestran una
situación preocupante a nivel mundial, un comportamiento particularmente
desfavorable en las Américas y un incremento significativo en determinados
grupos de edad en Argentina. El hecho de que el suicidio sea actualmente la
principal causa de muerte externa entre las personas de 15 a 24 años y que haya
recuperado esa posición entre los 25 y 34 años constituye un indicador
suficiente para considerar la prevención como una prioridad de política
pública.
La
evidencia disponible demuestra, al mismo tiempo, que el suicidio no puede
explicarse a partir de una única causa ni abordarse exclusivamente desde la
medicina o la psiquiatría. Las condiciones económicas, laborales y sociales,
los vínculos comunitarios, el acceso a los servicios de salud, la educación y
las posibilidades de integración social forman parte de un entramado que debe
ser considerado en las políticas preventivas. En este marco, resulta
fundamental promover condiciones que permitan construir y sostener perspectivas
de futuro, ampliar las posibilidades de elección y participación, fortalecer
los proyectos de vida y recuperar horizontes de sentido y pertenencia. La
prevención del suicidio implica, así, no solo reducir situaciones de
sufrimiento y riesgo, sino también generar condiciones sociales y comunitarias
que hagan posible imaginar un futuro y construir caminos para alcanzarlo.
El
debate sobre la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 debe
inscribirse dentro de esta discusión. Es legítimo identificar problemas de
implementación y discutir modificaciones que permitan mejorar la capacidad de
respuesta del sistema. Pero cualquier reforma debería evaluarse en función de
su capacidad efectiva para ampliar el acceso, fortalecer la prevención,
garantizar derechos y dotar al Estado de herramientas y recursos suficientes.
La
principal conclusión es, por lo tanto, que frente al suicidio el Estado no
puede limitarse a intervenir cuando la crisis ya se produjo. Su responsabilidad
comienza antes: en la producción de información, la prevención, la educación,
el acceso a la atención, la construcción de redes comunitarias, el seguimiento
de las personas en riesgo y la intervención sobre los determinantes sociales
que pueden incrementar la vulnerabilidad.
El
desafío no consiste en elegir entre Estado y comunidad. Consiste en construir
una política pública en la que ambos puedan articularse, pero en la que la
existencia de redes solidarias no se convierta en un argumento para justificar
la ausencia o el debilitamiento de las capacidades estatales. Se trata, en
definitiva, de construir condiciones para que las personas y las comunidades
puedan sostener vínculos, desarrollar proyectos de vida y recuperar
perspectivas de futuro. Porque prevenir el suicidio también implica garantizar
la posibilidad de imaginar un porvenir y contar con los apoyos, las
oportunidades y las condiciones materiales y sociales necesarias para
construirlo.
