El cierre
definitivo de La Suipachense expone la crisis estructural de la industria
láctea y deja a 140 familias sin su fuente de ingreso. La justicia ordenó la
liquidación total de la empresa en medio de denuncias, deudas millonarias y un
colapso productivo que afecta a trabajadores, tamberos y a toda la región.
La
histórica empresa láctea La Suipachense, con 75 años de trayectoria y un rol clave en la cuenca lechera
bonaerense, fue declarada en quiebra por el Juzgado en lo Civil y Comercial de
Mercedes. La medida impacta de lleno en la economía regional: 140 trabajadores quedaron sin
empleo, 180 tamberos perdieron su principal comprador y toda la
estructura productiva local entró en un estado crítico.
El fallo judicial alcanza a Lácteos Conosur S.A., firma administradora de la
planta desde 2012 y vinculada al grupo Maralac, del empresario venezolano Jorge Luis Borges León. La sentencia desenmascara un
proceso de deterioro que, según denuncias sindicales, combinó vaciamiento, cheques
rechazados, deudas previsionales y abandono operativo, hasta desembocar en el cierre
total de actividades durante los últimos tres meses.
El
primer indicio del colapso se registró en septiembre, cuando la conducción
despidió a nueve administrativos y amagó con cesantear a otros 60 operarios.
Con sueldos atrasados y sin información oficial, los 140 trabajadores iniciaron
protestas y reclamos públicos. Pero la empresa no solo ignoró los pedidos:
profundizó la crisis y dejó de producir por completo.
A fines de octubre, la Cámara
Comercial intimó a Conosur S.A. a presentar un plan de crisis, algo que jamás
ocurrió. La falta de respuesta terminó de sellar el destino de la fábrica. Un
informe de la Sindicatura, fechado el 24 de octubre, reveló una deuda
posconcursal superior a 8.458 millones de pesos en
cheques rechazados, un pasivo que se duplicó al
sumar otros 1.000 millones generados luego del concurso preventivo. En total,
la empresa emitió más de 1.000 cheques sin fondos, un indicador del nivel de
descontrol financiero.
La
situación arrastró también a los 180 tamberos que abastecían la planta. Ante la falta de pago, dejaron de
enviar leche cruda, paralizando completamente la cadena productiva y golpeando
a familias rurales cuyo sustento dependía de esa relación comercial.
La justicia decretó la liquidación total de la empresa, la clausura de la planta, la inhabilitación de los directivos y la prohibición de salida del país para Borges León, quien
solo podrá viajar con autorización judicial. Además, fue obligado a entregar
llaves, bienes y accesos digitales para avanzar en la intervención.
El caso de La Suipachense expone una
crisis que golpea a toda la industria láctea: caída del consumo, sobreoferta,
deudas encadenadas y la falta de políticas que protejan la producción regional.
Mientras tanto, Suipacha y sus alrededores enfrentan un escenario social
delicado, sin respuestas claras para los trabajadores despedidos ni para los tamberos
que quedaron sin comprador.
No hay comentarios:
Publicar un comentario