Así se iniciaba el juicio a los ex miembros de las Juntas Militares que
gobernaron el país durante la última dictadura cívico militar. Un hecho único
en América Latina.
Se
conoce como Juicio a las Juntas el proceso judicial realizado por la justicia
civil (por oposición a la justicia militar) en la Argentina en 1985, por
orden del presidente Raúl Ricardo Alfonsín (1983-1989) contra las tres primeras
juntas militares de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización
Nacional (1976-1983) debido a las graves y masivas violaciones de derechos
humanos cometidas en ese período.
La
sentencia condenó a algunos integrantes de las tres primeras juntas militares a
severas penas. Éstos fueron indultados en
1990 por el presidente Carlos Menem. A partir de 2006 la justicia comenzó a
declarar inconstitucionales los indultos decretados.
El
15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir como presidente, Alfonsín
sancionó los decretos 157 y 158. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los
dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo
se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde
el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas.
El mismo día creó una Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas CONADEP, integrada por personalidades independientes para relevar,
documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, y
fundar así el juicio a las juntas militares.
Con
la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación en 2003, comenzaron
a llevarse a cabo en Argentina políticas públicas de derechos humanos que
tienen, como objetivo esencial, enjuiciar a los militares que participaron del
terrorismo de Estado entre 1976 y 1983.
En
2005, Néstor Kirchner impulsó en el Congreso la derogación de las leyes de
Obediencia de Vida y Punto Final, tema que se complementó con la declaración de
inconstitucionalidad del juez Gabriel Cavallo y luego con el aval de la Corte Suprema de
Justicia. A un año y medio de la derogación de esas normas, el Estado ya había
enjuiciado y enviado a prisión a 124 represores. Para garantizar el debido
proceso judicial y una investigación exhaustiva en cada caso, se creó la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las
Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas
durante el Terrorismo de Estado, que depende de la Procuración General
de la Nación.
Actualmente , son varias las causas que se están tramitando en
todo el país.
Otra
paso importante en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia es el
convenio de cooperación firmado, en octubre de 2011, por el Ministerio de Defensay la Secretaría de Derechos Humanos de
la Nación para
facilitar la entrega de archivos producidos durante 1976 y 1983 que se
encuentran en manos de las tres Fuerzas Armadas. El convenio se enmarca en un
decreto de la presidenta Cristina Fernández de 2010 para desclasificar el
material fechado entre 1976 y 1983
a partir del pedido del Ministerio de Defensa.
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