“El estado
ambiental del Riachuelo atraviesa
una etapa de alerta y retroceso en 2026. Vecinos y
organizaciones denuncian que volvieron los fuertes olores nauseabundos debido a
recortes presupuestarios cercanos al 45% y una reducción de personal técnico en
ACUMAR, lo que frena obras
claves y debilita los controles industriales”
A dieciocho años del fallo Mendoza, se trata
de decidir si el agua será concebida como una mercancía o como un bien común
indispensable para la salud.
Hace 18 años, la Corte Suprema
de Justicia dictó el hito jurídico y ambiental más importante de Argentina. A
través del fallo “Mendoza” obligó
al Estado nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos
Aires a dar respuesta a la grave situación socio-ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo que
afectaba, y aún afecta, a más de 4 millones de personas.
Sin embargo, a fines de 2024,
la misma Corte decidió cerrar el caso pese a que la mayoría de las metas
vinculadas al acceso al agua, saneamiento y salud pública continúan sin
cumplirse. Si bien la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) permanece en
actividad, no tiene el respaldo institucional ni presupuestario para
continuar con el trabajo necesario para sostener las acciones que demanda uno
de los territorios más contaminados del país
Esta desatención estatal se
refleja en un drástico recorte presupuestario: según ACUMAR, en 2024 los fondos para saneamiento e
infraestructura cayeron un 76,6% real debido a la subejecución
y ese mismo año, el presupuesto nacional para la causa “Mendoza” cayó un 69%.
Detrás de estas cifras hay
obras paralizadas, falta de controles y vecinos que continúan esperando
respuestas, privados de derechos fundamentales como el acceso a un ambiente
sano. La exposición cotidiana a los
agentes contaminantes presentes en el agua, el suelo y el aire causan
enfermedades respiratorias, intoxicaciones por plomo y arsénico, y
diversas patologías gastrointestinales, con impactos especialmente graves en
niñas, niños y adolescentes.
En este contexto de abandono,
se suma una nueva preocupación: el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
(AySA), impulsado por el Gobierno nacional. La empresa cumple un rol
estratégico en la ejecución de obras fundamentales para el saneamiento de la
cuenca y, particularmente, para el desarrollo del Sistema Riachuelo, una de las intervenciones de
infraestructura más importantes de las últimas décadas.
Frente a
este escenario, FARN junto con el Foro Hídrico de Lanús, la Asociación
Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la Fundación Ambiente y Medio, el
Espacio Oikos de Lanús y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
impulsamos un amparo colectivo para frenar la privatización.
Esta medida pone en riesgo la continuidad
de inversiones esenciales para ampliar el acceso al agua potable, extender
las redes cloacales y garantizar el saneamiento ambiental. La lógica que parece
imponerse es priorizar la rentabilidad financiera por encima de derechos
básicos y de obligaciones asumidas por el propio Estado. Todo ello, a
contramano de la tendencia global que se orienta a la gestión pública del agua.
A esto se suma que el Estado
nacional pretende vender el 90% de las acciones de AySA sin haber realizado una
evaluación integral de los impactos ambientales y sociales que esta decisión
podría generar. Tampoco
se ha llevado adelante una auditoría pública que identifique
las obras pendientes, las contingencias sanitarias existentes, los pasivos
ambientales acumulados ni las necesidades futuras de inversión.
Además, el
proceso de privatización avanza sin que se haya convocado a una audiencia
pública que permita a la ciudadanía expresar su opinión sobre una decisión de
enorme trascendencia pública, como lo exige el Acuerdo de Escazú ratificado por
ley en Argentina.
A
dieciocho años del fallo Mendoza, la discusión sobre AySA trasciende la gestión
de una empresa: se trata de decidir si el agua será concebida como una
mercancía o como un bien común indispensable para la salud, la dignidad y la
calidad de vida de millones de personas.
El acceso al agua potable no puede quedar sujeto exclusivamente a
criterios de rentabilidad: el agua
no es una mercancía sino un derecho humano fundamental ligado a la vida.
Fuente: Fundación ambiente y Recursos Naturales-
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