DEUDA EXTERNA: Claves para entender el proyecto para pagar deuda con capital fugado. ¿Se podrá?

 

La iniciativa presentada por el FdT, que se trata en un plenario de Comisiones, busca crear un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI" con dinero fugado al exterior. Deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados.

 

Un plenario de las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación comenzó a debatir este miércoles el proyecto de ley impulsado por el oficialismo para cancelar parte de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con dinero fugado al exterior.

Durante esta jornada se escuchará la opinión de especialistas en economía y de directores del Banco de la Nación Argentina.

El proyecto, presentado con la firma de la mayoría del bloque del Frente de Todos, propone crear un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI" con dinero fugado al exterior.

Los senadores tinen a la vista dos expedientes presentados la semana pasada y que el interbloque de Juntos por el Cambio ya anunció que rechazará.

Previamente, un grupo de sindicalistas se reunió reunido en el Senado con los miembros de la bancada del Frente de Todos (FdT) para interiorizarse de los detalles del proyecto.

La reunión se lleva a cabo en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo con los integrantes del bloque oficialista y es encabezada por el jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans.

Participan del encuentro representantes de la Confederación general del Trabajo (CGT), de la Central de Trabajadores Argentina (CTA), de la Corriente Sindical y del Frente Sindical.

Los proyectos en debate son dos: el primero crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional y el segundo modifica la Ley 21.526 de Entidades Financieras, para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.

El proyecto que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI establece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos.

La vigencia del Fondo será hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para los incentivos a los colaboradores que contribuyan a identificar evasores. Sostiene el texto que el Fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.

La iniciativa establece que el aporte del blanqueo "no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero".

Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.

El proyecto indica que "en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%", y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte "corren el riesgo de tener una pena en prisión", tal como lo estipula la ley vigente.

Los senadores oficialistas proponen también usar la figura del "colaborador", que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor, tal como lo establece el segundo expediente.

Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.

La iniciativa modifica las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, lo que le permitiría a los fiscales a cargo de la investigación de la causa no tener que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información.

Fuente: Telam