El 21% del territorio argentino está compuesto por una gran diversidad de humedales. Fenómenos críticos como incendios en el Delta del Paraná o inundaciones en la Provincia de Buenos Aires los pusieron en el centro de la agenda ambiental.
Organizaciones ambientalistas y vecinales
impulsaron la idea de institucionalizar instrumentos que permitan conservar y
asegurar un uso responsable de los humedales. Este proceso se reflejó en
reiterados intentos de sancionar una ley de presupuestos mínimos para su
protección (LPMH). Sin embargo, la divergencia de posiciones impidió obtener la
aprobación de los proyectos presentados.
¿Qué son los humedales?
Los humedales son ecosistemas que se caracterizan
por la presencia permanente o intermitente de agua y la dependencia del régimen
hidrológico. Los principales
factores que intervienen en su formación son el clima, los aspectos
geomorfológicos y los tipos de suelo y sustratos. Se trata de ecosistemas que
varían naturalmente y tienen períodos de aguas altas y períodos de aguas bajas.
El agua puede provenir del mar, de los ríos, lluvias o napas subterráneas.
La información precisa sobre la cantidad y tipo de
humedales que posee el territorio obedece a un proceso en permanente
actualización. Se estima su superficie en 600.000 km2, lo que representa el
21,5% del territorio nacional. Otros estudios la ubican en torno al 12% del
territorio de Argentina, con 336.000 km2.
Los humedales ofrecen
valiosos servicios ecosistémicos. Tales como el
abastecimiento de agua, la amortiguación de las inundaciones, la reposición de
aguas subterráneas, la estabilización de costas, la protección contra las
tormentas, la retención y exportación de sedimentos y nutrientes, la depuración
de las aguas y la provisión de hábitats para la diversidad biológica.
A su vez, los humedales absorben y
almacenan carbono de forma natural. A modo de ejemplo, las turberas, un tipo de
humedal, cubren alrededor del 3% de la tierra de nuestro planeta. Estos
ambientes almacenan aproximadamente el 30% de todo el carbono terrestre. El
doble de la cantidad de todos los bosques del mundo juntos. En efecto, los humedales son los sumideros de
carbono más eficaces de la Tierra.
Mientras que los beneficios que
proporcionan los humedales son esenciales para lograr los Objetivos
de Desarrollo Sostenible,
su deterioro reduce la cantidad y/o calidad de los servicios ecosistémicos a
los que accede la población.
Los factores que provocan la pérdida de
humedales varían entre países. Sin embargo, su degradación proviene principalmente
de cambios en el uso del suelo vinculados a la agricultura y el pastoreo, la
desviación de agua mediante represas, diques y canalizaciones, el desarrollo
inmobiliario en valles fluviales y zonas costeras en general, incendios
intencionales, y la contaminación del aire y el agua.
Este hecho responde a la consideración de
los humedales como terrenos que hay que drenar, rellenar y convertir a otros
fines. Sin tomar en cuenta que las alteraciones y daños sobre ellos son muy
difíciles de revertir.
Contexto
regulatorio de los humedales
El punto de partida es la Ley
Nº 23919 que
ratifica la Convención de Ramsar. La norma establece principios y herramientas
que han supuesto un gran avance en el conocimiento y gestión de los humedales.
El esquema de protección de estos ecosistemas en
nuestro país incluye también las normas de presupuestos mínimos de protección
ambiental. Estas normas resultan pertinentes porque sus contenidos configuran
un marco que enriquece y actualiza la aplicación de la Convención, como es el
caso de la Ley
General del Ambiente.
Además, establecen mecanismos para estos ecosistemas, como la Ley
de Control de Actividades de Quema.
Sin embargo, frente al contexto de creciente
preocupación por la degradación de los humedales, las organizaciones
especializadas han señalado a este marco como insuficiente. Así, surge la
discusión acerca de un instrumento normativo que pueda dotar a las
jurisdicciones de pautas comunes para una abordaje conjunto de los humedales.
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