Miembros de la Pastoral
Social y de Cáritas Argentina fueron recibidos en el Congreso de la Nación,
donde expusieron su postura sobre el proyecto de modificación del Régimen Penal
Juvenil, que implica la baja en la edad de imputabilidad a 14 años y ya obtuvo
media sanción en la Cámara de Diputados.
La reunión tuvo lugar el jueves 19 de febrero y fue ocasión para
que los referentes de la Iglesia Católica expusieran
ante los senadores los principales argumentos en contra de bajar la edad de
imputabilidad, contenidos en la carta abierta enviada
el pasado 8 de febrero a los legisladores nacionales.
La oposición a la medida tiene la adhesión de organizaciones como UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA), la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADEPRA), y la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), entre otras.
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Desde la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Cáritas
advirtieron que bajar la edad de imputabilidad no reduce el delito, sino que
profundiza la exclusión y la violencia.
Para ello, apoyados en evidencia regional, expusieron que los
países que han fijado edades de imputabilidad más bajas presentan mayores
niveles de violencia, mientras que Argentina —con una edad mínima de 16 años—
mantiene una de las tasas más bajas de homicidios de la región.
Por otra parte, subrayaron que en el país no están dadas las
condiciones materiales, institucionales ni presupuestarias para implementar un
régimen penal juvenil que garantice acompañamiento integral, tratamiento en
salud mental, continuidad educativa, capacitación laboral y procesos reales de
reinserción para los menores.
Asimismo, teniendo en cuenta
el contexto de desfinanciamiento por parte del Estado a las políticas sociales,
consideraron que esta medida recaerá principalmente en los sectores más pobres,
y no atacará la causa estructural del problema.
Al referirse a los adolescentes, recordaron que son sujetos en
desarrollo, con capacidades progresivas, y que, según evidencia científica, el
cerebro adolescente aún no ha alcanzado la madurez necesaria para una plena
evaluación de las consecuencias de sus actos
En ese marco, insistieron en que los delitos protagonizados por
menores de 16 años deben ser abordados por el Sistema de Protección de Derechos
y los Juzgados de Familia, y no por el sistema penal, que debe ser siempre la
última instancia.
También se refirieron a los
mayores de 16 años que cometen delitos graves, para quienes pidieron fortalecer
los mecanismos de justicia restaurativa, que han demostrado reducir
significativamente la reincidencia, y promover procesos de reparación para las
víctimas y la comunidad.
Además, desde la Iglesia Católica cuestionaron la
constitucionalidad del proyecto que se debatirá en la Cámara de Senadores, ya
que implicaría una regresión en materia de Derechos Humanos, contrariando así
los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
Finalmente, los referentes eclesiales afirmaron: “La solución a
la violencia no es el castigo temprano, sino la prevención, la inclusión y la
creación de oportunidades reales”.
“Lo que está en juego no es solo una
ley, sino el modelo de sociedad que queremos construir”, concluyeron,
manifestando su disposición a continuar con el diálogo para lograr una reforma
integral, seria y responsable.
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