El sector
pesquero advirtió al Gobierno que,
sin la eliminación de las retenciones, la actividad
puede volver a paralizarse, pese a haber generado más de US$2000
millones en divisas en 2025. Fue durante una reunión que
mantuvieron los dirigentes con el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio
Iraeta, a quien le señalaron que ese número fue el segundo
registro en relevancia de la historia. Es la primera vez que el sector se reúne con
el funcionario de Javier Milei.
Durante el encuentro, donde también estuvo el subsecretario de
Pesca, Juan Antonio López Cazorla,
plantearon la crítica situación que atraviesa el sector y reclamaron la
eliminación de los Derechos de Exportación (DEX)
como condición necesaria para evitar una nueva parálisis de la actividad, con
el consecuente impacto sobre el empleo y las economías del litoral marítimo.
Los
dirigentes manifestaron que a pesar de haber generado
US$2010 millones en divisas en 2025 —el segundo registro
histórico—, las cámaras empresarias alertaron que la combinación de
costos en dólares, los precios internacionales a la baja y la presión
impositiva hace insostenible la actividad. La eliminación de
las retenciones es, para el sector, una necesidad imperiosa, según dijeron.
Por parte del sector privado participaron de la reunión la Cámara
de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca) y
la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), junto con otras
entidades del sector.
Eduardo Boiero, presidente
de Capeca, respaldó el ordenamiento macroeconómico que lleva adelante el Gobierno
y destacó el esfuerzo propio del sector por ajustar su microeconomía. Pero fue
preciso sobre los límites de ese esfuerzo: “Enfrentamos costos en dólares
muy elevados y precios a la baja en los mercados internacionales.
En ese contexto, los Derechos de Exportación —que oscilan entre el 5%
y el 9% según el producto— nos colocan ante una
imposibilidad real de competir con países que no aplican este impuesto”. Según
mencionó fue un encuentro positivo y el Secretario mencionó que depende de la
capacidad del Ministerio de Economía, donde confluyen tanto las problemáticas
sectoriales como las múltiples demandas presupuestarias que debe afrontar el
Estado para cubrir sus distintos compromisos de gasto.
Boiero
remarcó además el peso social del sector: la industria pesquera emplea
aproximadamente 46.000 trabajadores en las
comunidades costeras del país. “Una nueva paralización,
como la que ya vivimos en 2025 con pérdidas que superaron los 200 millones de
dólares en exportaciones de langostino, no es sólo un daño económico: es
un daño social que afecta a miles de familias en cada ciudad del litoral
marítimo”, advirtió.
Por su parte, Facundo Godoy, vicepresidente
de Capip, puso números concretos al sacrificio
que realizó la flota tangonera durante 2025: una parada que representó la mitad
de la temporada de pesca y una caída del 50% en las capturas y exportaciones de
langostino. “Ese costo económico fue
irrecuperable. La quita de retenciones hubiera compensado, al
menos en parte, lo que el sector resignó. No ocurrió, y eso profundiza la
brecha entre lo que se les pide a los privados y lo que el Estado aporta en
términos de competitividad”, señaló.
Las cámaras describieron además otros factores que presionan
sobre la rentabilidad de la actividad: el atraso en el recupero del IVA —que
genera problemas de liquidez y financia, en los hechos, al Estado—;
los elevados costos de mantenimiento de las flotas en un contexto de insumos
dolarizados; y el pago de los Derechos Únicos de Extracción (DUE). “Cada
uno de estos factores sería difícil de absorber por separado. Juntos,
forman un combo que coloca al sector en estado de crisis”, coincidieron los
representantes empresarios.
“La
pesca no pide un trato especial. Pide igualdad de condiciones frente a países
competidores que no gravan sus exportaciones. Sin eso, los números no cierran y
el riesgo de una nueva parálisis es real”, concluyeron.
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