SOCIEDAD Y CULTURA

Revista El Magazín de Merlo, Buenos Aires, Argentina.



martes, 8 de septiembre de 2020

EL ABC del cultivo de cannabis en Argentina, salud y economía en juego.

 

Un poco de historia reciente: En el año 1989 se prohíbe el cannabis en la argentina, pero en 2017 la sanción de la Ley Nacional N° 27.350, estableció un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor, de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud.

Si bien la norma marca un importante avance, tanto pacientes y diversas organizaciones reclaman una ley superadora que, entre otras cuestiones, autorice el autocultivo y el consumo del cannabis.



En 2018 Entre Ríos se adhirió a la norma nacional por la Ley Provincial N° 106223. La realidad es que, más allá de la adhesión, no se han desarrollado mucho más que títulos en los diarios. El acceso se limita a determinadas patologías (epilepsia refractaria, fibromialgia u otra enfermedad sobre la base de evidencia científica existente), por prescripción médica y no sin antes estar registrado en el RECANN (Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis).

Se trata de una ley incompleta e imperfecta – como toda ley- que no garantiza el acceso al aceite de cannabis.



Los juristas especializados en el tema reconocen que hay una interpretación que va en contra del espíritu de la ley, que reconoce que el cannabis sirve para tratar múltiples enfermedades, pero que sólo lo habilita para determinadas dolencias. Además se debe lidiar con la demora y los trámites burocráticos en la ANMAT y pagar el producto –en mayor medida importado-  a valores que van desde los 250 a los 400 dólares el frasco. Lo que, además de hacerlo -desde el punto de vista económico- algo privativo, lleva a los consumidores a tener que recurrir al mercado informal, donde se encontrarían productos de poca calidad que pueden provocar efectos adversos o, incluso, placebos que no dan resultado alguno.  

Lo que se procura es que el Estado se ocupe y tome participación activa en la regulación del cultivo y la producción del cannabis, permitiendo que tanto laboratorios públicos como privados empiecen a testear los elaborados, definiendo normas y controles, pero permitiendo tanto el autocultivo como el cultivo a mayor escala, en pos de facilitar el acceso al mismo, la soberanía sanitaria, pero también atendiendo a las enormes posibilidades del sector en materia económica.

 

Tres premisas para avanzar en el marco legislativo y las condiciones para el cultivo:



El Estado argentino y la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconocen la importancia del cannabis para el tratamiento de distintas patologías, en consecuencia el Estado debe velar por la salud de sus habitantes garantizando el efectivo acceso al aceite de cannabis. Un segundo eje es la posibilidad de generar puestos de empleos genuinos. Una tercera cuestión es el ingreso de divisas en una economía diezmada.

En Colombia, un país donde el consumo de marihuana es ilegal, se cultivan 8000 hectáreas de cannabis y se exporta el 100 por ciento de la producción, llegando a mercados como Israel o Canadá, lo que genera más de 130 mil puestos de trabajo e ingresos de divisas por 1750 millones de dólares anuales.

En Estados Unidos la producción de cannabis y derivados mueve unos 150 mil millones de dólares al año y tiene en el sector 400 mil empleados. Otro dato significativo es que la frontera vitivinícola en el estado de California está corriendo sus fronteras para darle lugar al cultivo de cannabis dado su mayor rentabilidad.

El uso medicinal del cannabis es también un mercado floreciente a nivel bursátil: Las empresas de cannabis cotizan en alza tanto en Wall Street como en la bolsa de Toronto.

La semana pasada el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, impulsó flexibilizaciones en la normativa para que empresas canadienses – líderes mundiales en el sector- avancen en la generación de un nuevo polo productivo de cannabis en Uruguay.

Por lo que, de nuestra parte, quedarse sólo con la idea del “porro” y el uso medicinal alternativo sería una especie de miopía en vista a las oportunidades y los beneficios que el desarrollo de esta industria podría brindar y los riesgos que se corren ante la posibilidad de dejar este mercado en pleno auge en manos foráneas.

 

 Jujuy a la vanguardia en el cultivo de Cannabis:



En la Argentina, por ahora, sólo la provincia de Jujuy produce cannabis para uso medicinal y con fines comerciales. El gobierno jujeño, a través de una empresa estatal y en conjunto con la compañía norteamericana Green Leaf Farms, cultivó semillas de marihuana en un predio de 35 hectáreas. Las 2000 plantas que resultan de la cosecha se destinan para elaborar aceite que en parte es destinado a la salud pública provincial y el resto es comercializado y exportado. El gobierno de Jujuy evalúa un plan de cultivo industrial para una escala mucho mayor que podría alcanzar las 500 hectáreas en los próximos cinco años.

Jujuy cerró días antes de la declaración de la pandemia convenios con las provincias de Corrientes, Mendoza y San Juan para desarrollar de manera conjunta la actividad con fines científicos. En tanto que otros distritos como Neuquén, Chaco, Chubut y Tierra del Fuego tienen muy avanzados proyectos propios para avanzar con el desarrollo de los cultivos de proporciones y características similares a la norteña.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, confirmó en diciembre pasado que el Gobierno nacional analiza la posibilidad de regular el consumo y el autocultivo de cannabis medicinal. Las declaraciones de la ministra alientan a organizaciones de todo el país -que ya venían pensando el tema- a delinear distintos proyectos de ley a tratar.

Para Sabina Frederic, se debe realizar un estudio profundo del cuadro de situación para determinar las consecuencias negativas de la posible legalización. "El Estado tiene una inversión alta en decomiso de marihuana. Eso tiene varios problemas, muchos de los que consumen lo hacen con fines recreativos, además de fines medicinales. Ese consumo recreativo produce en la mayoría de los casos menos daños que el alcohol y no vamos a convertir el alcohol en ilegal", sostuvo.

La funcionaria nacional dijo que se tomará en consideración los casos de Canadá y Uruguay, aunque aclaró que eso no significa que el país "tome esa línea".

 

 Concordia y su primer paso

El proyecto presentado en el día de hoy, en el Concejo Deliberante, puede significar el primer paso para un objetivo que está en la cabeza de muchos entrerrianos: Autorizar y promover el cultivo de cannabis, con fines de investigación médica y científica, que pretenda demostrar la eficacia de los principios activos del cannabis en las distintas patologías, pero que -además- permita desarrollar una actividad que posibilite nuevas fuentes de trabajo genuino, que atraiga inversiones e ingresos tanto para el sector público como privado, atendiendo un mercado en expansión que requiere de una política pública activa previniendo también que la producción y comercialización puedan quedar en manos de los grandes pulpos de la economía transnacional.

Dicho proyecto podría pensarse también como una oportunidad de negocios y de aporte científico para la salud, pero también como una alternativa a sectores alicaídos de nuestra economía local como la producción de arándanos y el citrus.

A nivel local, provincial y país hay varias organizaciones, asociaciones y profesionales que vienen trabajando intensamente en la cuestión, articulando debates y asesoramiento, a fin de generar las nuevas regulaciones que se pretenden para el desarrollo de la actividad, entre ellos se puede citar a ONGs como “Mama Cultiva”, “Ciencia Sativa”, agrupaciones de interesados como Regulación Legal y Asociación de Pensamiento Penal o el estudio jurídico Piero Liebman y Javier Orduna, especialistas legales en el tema.

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