- Este 24 de
septiembre, respondiendo a la llamada de Día de Acción Global por el Clima
convocado por Fridays for Future, miles de personas salen a las calles en
más de una veintena de municipios.
- Las acciones
refuerzan la demanda ciudadana de una sentencia judicial valiente que
atienda a la gravedad de la crisis climática.
- La manifestación de
Madrid ha reunido a alrededor de 10.000 personas, quienes han
protagonizado una marcha desde la Plaza de Callao hasta el Tribunal
Supremo.
Este 24 de
septiembre, en respuesta a la llamada de Día de Acción Global por el Clima
convocada por Juventud por el Clima–Fridays for Future, miles de personas salen
a las calles exigiendo justicia frente a la emergencia climática en más de una
veintena de municipios del país. Estas movilizaciones
internacionales surgen como una respuesta unánime y tajante ante las medidas
obsoletas y los insuficientes compromisos de todos los gobiernos, que están
acelerando la crisis ecológica actual.
Al grito de
“Gobierne quien gobierne, el clima se defiende”, el movimiento ha realizado concentraciones, marchas y manifestaciones en 24 municipios de 12
Comunidades Autónomas: Andalucía, Asturias, Baleares,
Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Galicia, Madrid,
Navarra, País Vasco y Valencia. En el caso de Madrid, la manifestación ha
concluido frente al Tribunal Supremo, donde se ha leído el manifiesto final.
En el
manifiesto se indica que el último informe del IPCC es “una nueva señal de alarma”. “Una señal que alerta”, dice
el texto, “de que apenas queda una década para
actuar, mientras que los escasos compromisos de los países conducen a un futuro
con graves consecuencias para la vida en el planeta, con especial crudeza sobre
la humanidad. No tomar las medidas necesarias para enfrentar la emergencia
climática es una condena para muchas personas en las que los gobiernos son
responsables: la justicia no puede mirar para otro lado. Recientes sentencias
como las de Holanda o Francia muestran el camino a seguir para ampliar el marco
de derechos y libertades protegiendo el futuro común compartido”.
La aprobación de la Ley de Cambio Climático y
Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, según
las organizaciones, ha concluido con compromisos insuficientes de reducción de
emisiones, algo incompatible con el Acuerdo de París y su objetivo de limitar
el incremento de la temperatura global en 1,5ºC. A pesar de las
movilizaciones y protestas de los últimos años, el Gobierno y los
representantes políticos del Congreso de los Diputados han sido incapaces de
sacar adelante un texto normativo a la altura de la crisis ecológica. Por ello,
estas movilizaciones muestran su apoyo al Juicio por el Clima impulsado por
varias organizaciones ecologistas y sociales frente a la falta de ambición del
Estado español.
Para las
organizaciones convocantes “no es opcional cumplir
las indicaciones científicas, los representantes públicos tienen como primera
obligación defender el interés general y están fallando”. “Salimos a las calles”, añaden, “para reivindicar nuestros derechos fundamentales, para defender el
futuro y para mostrar la demanda ciudadana de una sentencia judicial valiente
que atienda a la gravedad de la crisis climática. Que elijan defender nuestro presente y nuestro futuro y que, como
sus colegas en muchos otros países de Europa, tomen la decisión correcta y
fallen a favor de la vida y el planeta”.
Precisamente
este miércoles el Tribunal Supremo ha desestimado de forma definitiva la
petición de la Abogada del Estado para cerrar uno de los procesos abiertos en
el Juicio por el Clima. La Abogacía del Estado consideraba
que, tras la aprobación en Consejo de Ministros en marzo de 2021 del Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el Gobierno cumplía con las
obligaciones reflejadas en la demanda, pero el Supremo estima que no es así.
Las organizaciones demandantes consideran que se trata de una victoria muy
importante y confían en que la justicia empuje al Gobierno a cumplir con sus
obligaciones internacionales.
Este Juicio
por el Clima no es el primero en llegar a un Tribunal Supremo ni será el
último. En países como Holanda, Francia y Alemania
ya se ha fallado a favor de la ciudadanía. Estos procesos continuarán y no
estarán únicamente dirigidos hacia los gobiernos, sino a muchas de las empresas
cuyo modelo de negocio se basa en la depredación de recursos naturales y
humanos. Cabe recordar que son las personas y los países con
menos recursos quienes sufrirán con mayor dureza las consecuencias del cambio
climático, a pesar de ser los menos responsables de esta crisis ecológica. Por
el contrario, las grandes empresas responsables de la situación actual actúan
con impunidad y tratan de venderse como una “solución verde”, con la
complicidad de los poderes públicos.
“Encontrar el
amparo de la justicia en España no solo es posible, sino una obligación moral
de toda la ciudadanía”, en palabras de las organizaciones convocantes. “Está en mano de la sociedad civil recordar al Tribunal que, en
pleno siglo XXI, la concepción de la justicia debe incorporar de forma nítida
el derecho de las generaciones presentes y futuras a una vida digna en un
planeta sano”.
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