NUEVA LEY del FUEGO en ARGENTINA: Habilitaría a congelar los usos del suelo durante períodos que van de treinta a sesenta años, afectando el derecho de propiedad y la productividad.

 

La Argentina está en llamas. Casi un millón de hectáreas incendiadas -más de la mitad concentradas en Córdoba y Entre Ríos- y, hasta la llegada de las lluvias, aún quedaban ocho provincias con focos activos. Mientras tanto, los esfuerzos de las autoridades para prevenir nuevos focos y contener los existentes parecen ser insuficientes, así como los avances de la justicia para investigar las verdaderas causas y encontrar a los responsables.

Sean intencionales o accidentales, no podemos desconocer que estos incendios se ven intensificados por ciertos efectos del cambio climático, que hoy se manifiestan a modo de intensas sequías y una bajada histórica del Río Paraná.

Como respuesta política ante sus propios déficits en la gestión, el oficialismo pretende aprobar un proyecto para modificar la Ley de Manejo del Fuego que habilita, en caso de incendios y sin importar sus causas, a congelar los usos del suelo durante períodos que van de treinta a sesenta años, imponiendo importantes restricciones al derecho de propiedad de terrenos con potencial productivo.

Estamos hablando de que los usos del suelo en una amplia variedad de categorías como pastizales, matorrales, zonas agrícolas e incluso terrenos periurbanos baldíos con posibilidad de usarse para la agricultura familiar, podrían verse inmovilizados ante un eventual incendio, sea éste de carácter intencional o accidental. Y esto, durante un plazo muy extenso que respondería a los tiempos de restauración ecológica de los bosques pero que no guarda relación con estos otros tipos de ecosistemas.

Este proyecto parte de un prejuicio y de una falacia: el prejuicio de atribuir responsabilidad e intenciones especulativas al propietario de las tierras incendiadas, y la falacia de generalizar la existencia de una relación directa entre incendios y cambios de uso del suelo. Estos errores nos pueden llevar a institucionalizar una herramienta para la vendetta. Y, no está de más decir que las llamas no se combaten con más llamas.

Si queremos evitar que, por ejemplo, desarrollos inmobiliarios causen estragos en ambientes que dependen fuertemente del régimen hidrológico, el camino está en que las distintas zonificaciones contemplen e identifiquen la presencia de ecosistemas que merecen una protección especial a la hora de permitir los distintos usos. Debería alertarnos la posibilidad de que un predio cuya zonificación vigente permite la actividad agrícola se pueda volver improductivo durante décadas ante la eventualidad de un incendio fortuito o de responsabilidad de un tercero.