La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el embargo por más de $111 millones sobre los "bienes libres" de Vicentin y de algunos de sus directivos, en una causa por el uso de facturas apócrifas que le permitieron percibir reintegros de IVA a las exportaciones entre 2016 y 2018.
La causa se inició en agosto de
El perjuicio para el Estado por la
devolución de IVA a las exportaciones a
Vicentin fue calculado por el organismo recaudador en $111.637.479, razón por
la cual fue el monto establecido por la Justicia para el embargo de bienes.
El embargo que había fijado el juez de
primera instancia, luego apelado por los abogados de la empresa agroexportadora
santafesina, fue confirmado hoy por los jueces María Delfina Denogens, Rocío
Alcalá y Enrique Bosch, integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de
Resistencia, Chaco.
El
fallo considera "proporcionada y razonable" la medida cautelar de
embargo dictada en primera instancia, que los abogados de Vicentin habían
considerado "arbitraria" en su escrito de apelación.
En ese sentido, los camaristas destacan
en su resolución que la AFIP había solicitado la inhibición general de bienes
de los directos de la empresa y la designación de veedores, que fue rechazada
por el juez inferior, lo que revela la ausencia de arbitrariedad en la
decisión.
El fallo de alzada ordena a la AFIP
denunciar los datos registrales de los bienes libres a embargar, que alcanzan
tanto a los de la empresa Vicentin -concursada desde marzo de 2020- como a los
de algunos de sus directivos, como Daniel Buyatti, Alberto Macua, Sergio y
Pedro Vicentin, Máximo y Cristian Padoan, Roberto Gazze y Martín Colombo.
La operatoria denunciada por la AFIP
consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias
generadas por 54 presuntos proveedores. La fiscalización del organismo constató
irregularidades en las empresas y en personas humanas que emitían las facturas
utilizadas por Vicentin para solicitar reintegros por una suma que asciende
hasta los $111,6 millones entre 2016 y 2018.
El organismo pudo determinar, entre
otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio
de granos, no
tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la
mercadería. Además, los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron incluidos
en la base de usinas de comprobantes apócrifos. La AFIP continúa investigando a
la cerealera
Fuente
revista Chacra-
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