Con el
pretexto de exigir a la Santa Sede que tome todas las medidas necesarias para
prevenir el abuso sexual, un grupo de “expertos” de la ONU emitirá un
comunicado el lunes 21 de junio para obligar al Vaticano y a la Iglesia
Católica a entregarse al aborto y la ideología de género.
Dado que la sesión del
Consejo de Derechos Humanos está programada para iniciar el 21 de junio,
expertos de la ONU, incluidos varios relatores especiales sobre el tema de
derechos humanos, publicarán una declaración para instar a la Santa Sede a
tomar todas las medidas necesarias para prevenir el abuso sexual.
El comunicado, que va más
allá de las capacidades de los expertos de la ONU, cae en los intentos de
socavar la doctrina católica utilizando los escándalos de abuso sexual. En
febrero de 2014, un informe del Comité de la Convención de las Naciones Unidas
para los Derechos del Niño llegó al punto de preguntar por la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad humana y
el derecho canónico.
En
mayo de 2014, un informe del Comité de la Convención de la ONU contra la
Tortura trató de considerar el abuso de niños como tortura para presionar a la
Santa Sede a tomar medidas.
En diciembre de 2019, Maud
de Boer-Buquicchio, la Relatora Especial de la ONU sobre la venta y la
explotación sexual de niños, elogió la decisión del Papa Francisco sobre
el levantamiento
del secreto pontificio de los procedimientos legales sobre abuso,
pero también instó al Vaticano a “hacer cumplir los informes obligatorios para
todo el clero y el personal que tenga conocimiento de estos actos atroces”.
Al
final, el alcance último de estas declaraciones es obligar a la Santa Sede a
cambiar el derecho canónico para adaptarlo a un “protocolo de derechos humanos”
que sutilmente respalda o menciona la “perspectiva de género” y los “derechos
sexuales y reproductivos” (es decir, presionar por el derecho al aborto).
En el comunicado, que CNA
–agencia en inglés del Grupo ACI– vio de antemano, los “expertos” se refieren a
una carta dirigida a la Santa Sede en abril de 2021, donde expresaron “la mayor
preocupación por las numerosas denuncias en todo el mundo de abusos sexuales y
violencia cometidos por miembros de la Iglesia Católica contra los niños, y
sobre las medidas adoptadas por la Iglesia Católica para proteger a los
presuntos abusadores, encubrir delitos, obstaculizar la rendición de cuentas de
los presuntos abusadores y evadir las reparaciones debidas a las víctimas”.
Los
“expertos” se quejaron de que los concordatos y acuerdos de la Santa Sede con
los Estados “limitan la capacidad de la autoridad civil para cuestionar,
obligar a la producción de documentos o enjuiciar a personas asociadas con la
Iglesia Católica”, y pidieron a las autoridades de la Santa Sede “que se
abstuvieran de prácticas obstructivas y cooperar plenamente con las autoridades
judiciales y policiales civiles de los países interesados”.
El comunicado también
apunta a dos principios católicos. El primero es el secreto de confesión, que
impide a los sacerdotes que escuchan una confesión denunciar los delitos a las
autoridades civiles.
El 1 de julio de 2019, la
Penitenciaría Apostólica emitió una nota para reiterar que el secreto de
confesión es inviolable. La nota respondió a los crecientes ataques al secreto
de confesión en muchos países, como Australia y Chile.
El segundo principio es el
de la soberanía de la Santa Sede. Los “expertos” quieren específicamente que
desaparezca la distinción entre la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del
Vaticano, que garantiza la protección de la libertad religiosa, de modo que los
estados puedan tener plena jurisdicción sobre la Iglesia católica.
No obstante, entre los expertos consultados por CNA, los
expertos de la ONU están empeñados en usar su posición para “darle un pastel en
la cara a la Santa Sede” a fin de impulsar cambios doctrinales en la Iglesia
Católica y, al mismo tiempo, debilitar a la Santa Sede como Estado y actor en
el ámbito internacional.
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