El país
produce 45.000 toneladas de residuos al día, y gran parte termina en basurales
a cielo abierto que liberan gases de efecto invernadero y afectan la salud. En
la Argentina se generan 45.000 toneladas de basura cada día, según datos del ex
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (hoy existe una Subsecretaría).
Lo
alarmante es que casi el 35% de esos residuos termina en basurales a cielo
abierto, una situación que no sólo agrava el cambio climático, sino
que también amenaza la salud de la población. Este es el mensaje que llevó
la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN) a una audiencia de
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). Según FARN, este modelo de gestión de los desechos
es insostenible en parte porque el reciclaje no consigue imponerse como una
práctica de peso.
El
problema no se reduce a una cuestión ambiental. Las ciudades más grandes, como
Buenos Aires, producen hasta 2,5 kilos de residuos por habitante al día,
superando ampliamente el promedio nacional de 1,15 kilos. Esto significa que en sólo dos segundos el país genera el
equivalente a una tonelada de basura. Sin un sistema integral de
reciclaje ni un control efectivo, el colapso es inminente, de acuerdo a la
visión que plasmó FARN en una publicación.
A esto se
suman las emisiones de gas metano que producen los basurales,
un gas con un poder de efecto invernadero mucho mayor que el dióxido de carbono.
Según el informe nacional de emisiones de 2022, este sector es responsable de
más del 17% de las emisiones de metano del país, cifras que se asemejan a las
del sector energético.
El impacto directo en la salud
La
acumulación de residuos sin tratamiento adecuado no sólo contamina el aire,
sino también los suelos y el agua. Los líquidos lixiviados generados por la descomposición de
la basura se filtran en los suelos y llegan a napas
subterráneas, poniendo en riesgo a comunidades enteras. Enfermedades
respiratorias, intoxicaciones, problemas neurológicos y malformaciones
congénitas son algunas de las consecuencias más graves, de acuerdo con las
advertencias de FARN.
La abogada Giselle Munno Dithurbide, de la Fundación, alertó que el país carece de un sistema integral para
monitorear la calidad del aire y los niveles de metano. Solo
algunas ciudades de la capital del país, cuentan con mediciones esporádicas.
Esta falta de datos impide diseñar políticas públicas efectivas y deja a la población
expuesta a un peligro silencioso.
FARN
manifestó que el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Ambiente mostraron
poca coordinación frente al problema, lo que revela una fragmentación
institucional preocupante. La Ley 20.284, que establece
normas de calidad del aire, asigna responsabilidades que hoy no están siendo
cumplidas, siempre según la Fundación.
Recicladores invisibles y un sistema debilitado
En medio
de esta crisis, los recicladores urbanos son quienes sostienen gran parte
del sistema de gestión de residuos. Sin embargo, sus condiciones
laborales están lejos de ser dignas. El Decreto 1/25, que permite la
importación de residuos para procesos industriales, desalentó el reciclaje
interno al devaluar los precios de los materiales reciclables nacionales. Esto golpeó directamente los ingresos de miles de
cooperativas.
Agregan
en La Gaceta que, la
situación se agravó con la decisión del Gobierno porteño de dejar de cubrir el
traslado de los recicladores desde la provincia hacia la Ciudad de Buenos
Aires, donde trabajan recolectando materiales.
Organizaciones
como FARN insisten en que los recicladores deben ser reconocidos como defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, tal y
como lo establece el Acuerdo de Escazú. Este reconocimiento implica
garantizar sus derechos laborales y de seguridad social, algo que aún está
lejos de lograrse.
Una solución que debe empezar por las empresas
Para
enfrentar el problema de manera real, FARN plantea que se debe actuar desde la
producción. Hoy no existe una normativa que obligue a las empresas a hacerse
responsables de los residuos que generan sus productos. En el Congreso hay
cuatro proyectos de ley sobre envases que incluyen la figura de
Responsabilidad Extendida del Productor (REP), pero ninguno avanza
con firmeza.
Este
cambio de enfoque permitiría que las compañías asuman el costo del reciclaje y
reduzcan el uso de materiales contaminantes, especialmente plásticos de un solo
uso. A nivel global, el Tratado Global sobre Plásticos podría marcar un antes y
un después, aunque para eso los Estados deben comprometerse con
medidas concretas.
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