jueves, 13 de febrero de 2025
¡VACACIONES! ¿Dónde pescar el Manguruyú en Argentina?
**Muchos pescadores regresan los grandes Manguruyo al río.
¿Cómo es
el Manguruyú?
El manguruyú es un
pez de gran tamaño y cuerpo alargado, con una cabeza grande y achatada. Su piel
es de color marrón oscuro o grisáceo, con manchas o rayas oscuras que lo ayudan
a camuflarse en el ambiente acuático. Posee barbas o "bigotes"
sensibles en su boca, que le permiten detectar la presencia de alimento y así
facilitar su captura.
¿Dónde
pescar un Manguruyú?
El manguruyú se puede encontrar en diferentes ríos y lagunas de Argentina, como el Paraná, el Uruguay, el Bermejo, el Pilcomayo, el Iberá y el Corrientes. Es un pez que prefiere aguas profundas y correntosas, por lo que se lo puede encontrar cerca de piedras, troncos o en la base de barrancas.
¿Qué
tamaño y peso puede alcanzar el Manguruyú?
El manguruyú es un
pez de gran tamaño, pudiendo superar el metro y medio de longitud y los 100
kilos de peso. Sin embargo, en la pesca deportiva es más común encontrar
ejemplares de entre 20 y 50 kilos.
¿Con qué
modalidad se pesca el Manguruyú?
La pesca deportiva del manguruyú se puede realizar de diferentes formas, pero una de las más populares es la pesca con carnada. Se utiliza como carnada la morena, una especie de pez de agua dulce muy apreciado por el manguruyú. También se puede utilizar otros tipos de carnada, como lombrices o vísceras de pollo. Otra modalidad de pesca deportiva del manguruyú es la pesca con señuelos. Se utilizan señuelos de gran tamaño que imitan a las presas habituales del manguruyú, como sábalos o mojarras.
¿En qué
época del año se puede pescar el Manguruyú?
La pesca del
manguruyú se puede realizar durante todo el año, pero la mejor época es en los
meses de verano, cuando el agua está más cálida y el pez se encuentra más
activo.
¿Cuando es
la veda del Manguruyú?
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La veda del manguruyú en Argentina varía según la provincia y la zona en
la que se realice la pesca. En general, la veda del manguruyú suele ser entre
los meses de noviembre y diciembre, para permitir su reproducción y
conservación. Es importante verificar la normativa específica de cada lugar
antes de realizar la pesca del manguruyú.
SALMONES EN FUGA: Escaparon 27.000 salmones de una piscifactoría noruega, el desastre ambiental es grande.
La fuga masiva de salmones en Noruega
es una llamada de atención sobre los riesgos de la acuicultura
intensiva, y debe impulsar reformas estructurales en la industria para
garantizar que la producción de pescado de cultivo sea compatible con la
conservación de los ecosistemas marinos.
Fuga
masiva de salmones en Noruega: Impacto ecológico y medidas de mitigación
El reciente escape de 27.000
salmones de una piscifactoría en Noruega ha generado una gran
preocupación entre ambientalistas, políticos y la industria pesquera. El
incidente tuvo lugar en las instalaciones de Mowi ASA, en el municipio de
Dyrøy, cuando una de las jaulas de cría sufrió un fallo estructural,
permitiendo la fuga de aproximadamente el 25 % de la población total
del criadero.
La empresa ha calificado la situación
como «grave y lamentable», e informó que los salmones escapados
estaban en su fase final de crecimiento, alcanzando un peso promedio de 5,5
kilogramos. Para intentar minimizar el impacto, Mowi ha ofrecido una recompensa
de 500 coronas noruegas por cada salmón capturado, incentivando la
recuperación de los ejemplares en las zonas afectadas, que incluyen Senja,
Dyrøy, Sørreisa, Salangen, Lavangen, Gratangen, Ibestad, Harstad y Andenes.
Impacto
ecológico y riesgos para el ecosistema
El escape de salmones de criadero
representa un problema ambiental significativo. Las especies de cultivo
pueden alterar los ecosistemas locales, compitiendo con las especies
silvestres por alimento y reproducción. Además, la introducción de genes de
peces domesticados en poblaciones de salmón salvaje puede provocar una disminución
en la diversidad genética y afectar la adaptabilidad de la especie a su entorno
natural.
Los salmones escapados también pueden
propagar enfermedades y parásitos, como el piojo de mar (Lepeophtheirus
salmonis), que afecta gravemente a los salmones silvestres y otras especies
marinas. En el pasado, fugas similares han resultado en descensos
poblacionales de especies autóctonas y afectaciones en la industria
pesquera local, que depende de la captura sostenible de peces salvajes.
Medidas
de mitigación y regulaciones
Ante el aumento de estos incidentes,
la Dirección de Pesca de Noruega ha intensificado las inspecciones y ha exigido
la implementación de medidas de captura y recuperación. En este
caso, el organismo ha ordenado a Mowi llevar a cabo un proceso de pesca
de recaptura en las zonas afectadas. Además, la intervención de la
Guardia Costera ha sido fundamental para contener la situación y
evaluar los daños.
A pesar de estos esfuerzos, expertos
en ecología y sostenibilidad consideran que es necesario revisar el
modelo de acuicultura tradicional, apostando por sistemas cerrados o en
tierra firme que reduzcan el riesgo de fugas y minimicen el impacto ambiental.
Alternativas como la acuicultura en tierra y el uso de sistemas de
recirculación de agua podrían garantizar una producción de salmón más
sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
Reacciones
políticas y demandas de regulación
El incidente ha provocado una fuerte
reacción entre los políticos y defensores del medio ambiente. Según Kari
Elisabeth Kaski, representante del Partido de la Izquierda Socialista
(SV), «esta fuga es una crisis para la industria pesquera y una prueba
más de que se necesita una regulación más estricta».
Por
su parte, Rasmus Hansson, del Partido Verde (MDG), ha exigido el fin de las jaulas abiertas en el mar,
argumentando que «cada vez
que ocurre una fuga, la industria se limita a pedir disculpas mientras el
problema persiste».
En 2024, más de 93.000 salmones escaparon de distintas
piscifactorías en Noruega, de los cuales 65.000 provenían de un criadero de Mowi en
Nordland. Estas cifras demuestran que el problema no es
aislado, sino una falla sistémica en la
industria de la acuicultura, que requiere cambios urgentes en
sus prácticas y regulaciones.
Hacia
un futuro más sostenible en la acuicultura
El sector de la acuicultura tiene el
potencial de contribuir a la seguridad alimentaria mundial, pero su expansión
debe ir acompañada de tecnologías y prácticas sostenibles. La
implementación de jaulas cerradas, monitoreo digital y mejores
protocolos de seguridad puede reducir los escapes y sus impactos
ecológicos.
Además, se necesita una transición
hacia modelos de producción que minimicen el uso de antibóticos y piensos a
base de pescado, promoviendo dietas más sostenibles y el desarrollo de
alternativas vegetales y biotecnológicas.
miércoles, 12 de febrero de 2025
IMPUESTOS ABUSIVOS: Al agro de Córdoba se sumó el de Santa Fe: se tensa la cuerda con los gobernadores por los impuestos.
ENERO 2025: En Río Cuarto, unos 400 productores llevaron a cabo una asamblea para
reclamar por el incremento el Impuesto Inmobiliario Rural. En paralelo, sus
pares santafesinos cuestionaron a todo el arco político provincial.
Si bien a nivel nacional el Gobierno nacional pudo
descomprimir los reclamos de la Mesa de Enlace, tras el anuncio de baja temporal en
los derechos de exportación, la situación en las provincias es
diferente.
Al comenzar cada año, suele generarse un clima de tensión entre los
gobiernos provinciales y los productores, cuando se anuncian los aumentos de impuestos.
En este 2025, el ajuste del Impuesto Inmobiliario movilizó a las bases
rurales de Córdoba y Santa Fe, que no
esperaron la reacción de las Comisiones de Enlace provinciales y buscan soluciones por su cuenta.
RECLAMOS POR LOS IMPUESTOS
En las últimas horas, se conocieron comunicados de las sociedades
rurales de Río Cuarto y del
Noroeste, en Córdoba; y del Noroeste de Santa Fe y de La Criolla, en donde coincidieron en críticar a los gobiernos
de sus respectivas provincias, tanto por la presión impositiva como al uso que
se da a esa recaudación.
En el caso de las dos entidades santafesinas, contaron con la adhesión
de la Sociedad Rural de
Rosario.
En la Sociedad Rural de
Río Cuarto (SRRC) los
productores cordobeses reclamaron por la suba en el Impuesto Inmobiliario Rural
para este año. El gobierno
cordobés fijó una suba de 172,5%, que había sido pautada con el ruralismo, pero desde las entidades
denunciaron que están llegando cedulones con incrementos de hasta el 300%.
Desde la Provincia mediterránea respondieron que no es así e invitaron a los productores a dirigirse a las dependencias
oficiales para realizar bien los cálculos. Pero no lograron evitar que las
protestas escalen.
Por caso, en la ciudad del sur cordobés, la SRRC realizó una asamblea que reunió a unos 400
productores, además de funcionarios de localidades vecinas (en su gran mayoría
radicales), y los
productores coincidieron en que no buscan la eximición de este impuesto, sino “pagar lo que corresponde, que sea un impuesto razonable y que haya
transparencia en el retorno de esa recaudación en obras de infraestructura en
los campos”.
Tras la asamblea, se redactó un documento en donde se ordenaron los
reclamos al gobierno provincial.
Si bien el principal fue la rebaja impositiva, también salieron a la luz otras preocupaciones, que se fueron resumidas en un documento que se
elaboró tras la asamblea:
·
Rechazo del
aumento del 172,5% en el
Inmobiliario Rural aprobado por la Legislatura provincial y exigir que el mismo no exceda el 118% de inflación anual que
marcó el INDEC.
·
Que se quite el
cobro de la diferencia entre lo que determinó de aumento el gobierno provincial
y lo que finalmente terminó aprobando la Legislatura y cuyo pago se exige de manera diferida en
2026.
·
Que se explique
el motivo por el cual se quitó el
beneficio de 10% de descuento por pago de cuota única.
·
Que se
eficientice el funcionamiento de Rentas, en particular en la manera en que se ofrece la información sobre
plazos y maneras de proceder respecto de los pagos.
·
Que se
transparente el uso que se hace del dinero que se recauda a partir de los
impuestos que pagan los productores agropecuariosm que debería traducirse en obras de infraestructura.
Heraldo Moyetta, presidente
de la SRRC agregó que si bien el gobernador cordobés, Martín Llaryora y el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, fueron invitados a la asamblea, finalmente no
asistieron.
En este sentido,
el directivo lamentó que “hayan desaprovechado la oportunidad para
tener contacto directo con la realidad sobre la que gobiernan”.
Con respecto al incremento en el Inmobiliario Rural, señaló que más allá de las fundamentaciones oficiales que justifican
el cálculo del impuesto, “lo cierto es que lo que tenemos que pagar está muy por encima de lo que
ellos plantearon que tenemos que pagar”.
Y advirtió: “Queremos
un impuesto que sea justo, claro y
que permita tener previsibilidad en la actividad que desarrollamos”
EL IMPACTO DE LA SUBA EN LOS PRODUCTORES
Uno de los productores que participó de la asamblea puso en números
impacto de este aumento del 172,5% anunciado por la gestión de Llaryora.
Mientras que el año pasado pagó por este concepto $1,2 millones, para este año deberá desembolsar $3,8
millones, que representa un incremento de 210%, aún cuando en ambos períodos tuvo los
mismos beneficios, por pago de cuota única y por pago online.
La preocupación por la presión impositiva fue central en la asamblea, pero no fue el único reclamo. Otro de
los planteos que se anallzó fue vinculado al funcionamiento de Rentas y que se
pueda ver reflejado en obras el dinero de los impuestos que paga el campo.
ADEMÁS DE CÓRDOBA, TAMBIÉN SE TENSÓ LA CUERDA EN SANTA FE
En Santa Fe, los productores también cuestionan el accionar del
Gobierno a la hora de utilizar el dinero de los impuestos para el sector
agropecuario.
Esto quedó reflejado en dos cartas redactadas por la Sociedad Rural del Noroeste de Santa Fe y la
Sociedad Rural de la Criolla, que en ambos casos fueron enviada a la presidenta de la Confederaciones de
Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), Sara Gardiol, con fuertes
cuestionamiento a todo el arco político de esa provincia.
Los ruralistas del noroeste señalaron que el gobierno provincial “sigue aumentando la recaudación a través de nuevos
impuestos o mayores
porcentajes de los mismos”.
Además de la cuestión
tributaria, también
afirmaron que “otro tema a
considerar es el deterioro de los caminos rurales, que generan serios inconvenientes, afectando la
productividad y elevando los costos logísticos y poniendo en riesgo la
seguridad de quienes lo transitan”.
Como solución a este problema, propusieron la creación de consorcios camineros, sin intervención de las
autoridades locales y con el
objetivo de mejorar la administración de los recursos.
“FALTA DE EMPATÍA HACIA TODO EL SECTOR PRODUCTIVO”
En tanto, desde la Sociedad Rural La Criolla manifestaron su “profunda preocupación y
creciente incertidumbre del sector que representamos, consideramos que el
accionar político del actual gobierno de la provincia refleja una gran
falta de empatía hacia todo el sector productivo y no contempla el
esfuerzo que realiza día a día”.
En este punto, remarcaron que desde hace cuatro años consecutivos enfrentan condiciones climáticas de
sequía intensa y un
contexto económico adverso.
“No se ha hecho
lectura de la actual situación y vemos un Gobierno que no ha demostrado la
suficiente capacidad para manejar los abultados ingresos, que a pesar de
todo, recibe de impuestos”, afirmaron.
En el documento, también analizaron cómo el gobierno santafesino
administra sus recursos. Así, calcularon que se destinan $66.111 millones a la Legislatura, cifra que es 1,5 veces mayor a lo girado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
“Este monto equivale al 69% de lo destinado al Ministerio de Desarrollo Social y al 70% de la suma destinada al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología. Asimismo, la cifra es 60 veces mayor a lo
destinado al Servicio Público
Provincial de la Defensa Penal”, concluyeron.
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