COVID-19 implicó un aumento sustancial en la demanda de información pública: Las personas querían y demandaban entender qué estaba pasando y poder analizar si las medidas que los gobiernos estaban tomando daban los resultados esperados. A su vez, los gobiernos la necesitaban para tomar decisiones efectivas teniendo en cuenta el impacto sobre otras áreas, como el empleo, la economía, el acceso a la escolarización, etc. Así, los beneficios (y la necesidad) de la apertura de datos quedaron a la vista de todos: tener información pública al alcance de la ciudadanía es fundamental para permitir que esta pueda entender y juzgar las medidas tomadas por los gobiernos, así como fomentar la toma de decisiones basada en evidencia de calidad.
En el reporte “Nuestra Agenda Común”, el
Secretario General de la ONU explica que la pandemia fue un punto de inflexión
donde se dejó en evidencia la necesidad imperiosa por reconstruir la confianza
de la ciudadanía en el estado y en su capacidad de responder ante los problemas
comunes. Para lograrlo, la apertura de datos públicos, como la calidad de los
mismos son un elemento clave. Como en tantos aspectos, aprender de esta crisis
y avanzar en las mejoras necesarias definirá si esta situación genera un avance
o un retroceso.
Ahora bien, ¿qué
implica la apertura de datos públicos de calidad? Publicar en algún
lugar de la web, algún gráfico o reporte con algunos datos, en algún formato,
cada cierto tiempo… no es suficiente. Si realmente queremos generar mayor
confianza en las políticas públicas y los gobiernos, es
necesario que la información presentada a la ciudadanía sea de fácil acceso
para todas las personas, que esté actualizada de forma frecuente, que se
publique en formatos abiertos para poder ser descargada y utilizada y
que esté desagregada por ciertas variables que permitan un mayor entendimiento,
y una fácil comparación y análisis.
Para entender bien dónde estamos parados
y los espacios de mejora en la apertura de datos públicos, CIPPEC realizó un estudio
sobre la publicación de información sobre la pandemia de tres
países federales de América Latina (Argentina, Brasil y México) y sus gobiernos
subnacionales. Aprendimos algunas acciones que podrían contribuir a una
estrategia global de datos abiertos,
En primer lugar, los gobiernos, tanto
nacionales como subnacionales, están publicando datos abiertos sobre COVID-19.
Como mencionamos anteriormente, las personas demandaron estar informadas, y los
gobiernos respondieron. Esta experiencia tiene que ser vista como una prueba
rotunda de que los estados, en mayor o menor medida, tienen la capacidad para
recolectar, sistematizar y publicar información pública. Es hora, entonces, de
exigir más apertura de datos en otras áreas de interés público que cobraron
dramáticamente importancia pero que sobrepasan esta situación particular. Es
fundamental trasladar los aprendizajes y prácticas a la recolección de
información sobre otras enfermedades; sobre la situación laboral con enfoques
en la informalidad, en cuestiones de género, en la capacidad de acceder a
tecnología; sobre la educación, el acceso a internet; sobre la situación de
vivienda en términos de hacinamiento, acceso a agua potable, cercanía a centros
de salud, etc.
En segundo lugar, hay asimetrías entre
las publicaciones nacionales y entre éstas y las subnacionales. Si bien todos
publican, la calidad de esa información no es estable para todos los países ni
sus provincias. Por ejemplo, mientras las
páginas nacionales de México y Argentina alcanzan criterios de calidad, sus
contrapartes provinciales no llegan en promedio al mismo resultado, con mayor
variabilidad en los resultados. Por el contrario, los gobiernos subnacionales
de Brasil lograron una apertura de datos en promedio mejor que el estado
nacional, en aspectos como la desagregación y la reutilización de la
información. Esto incapacita a los usuarios a poder generar una imagen más
completa de lo que sucede, no solo en una jurisdicción particular, sino
alrededor de todo un país y en su comparación con otros. Para superar estas
diferencias se necesita desarrollar una política federal de datos abiertos que
permita equilibrar las capacidades de los gobiernos subnacionales y nacionales
para producir, sistematizar y publicar datos.
Desde un enfoque más amplio, en general,
no es posible encontrar una estandarización en estos portales en sus formatos
ni en los datos que publican: la estructura de las páginas, la construcción de
las variables analizadas, los indicadores utilizados, los formatos de los
reportes o de las bases de datos, no encuentran un espacio en común, tanto al
interior de los países como entre ellos. Esto socava el potencial de esa
información para ser un insumo efectivo tanto de ciudadanos y ciudadanas como
de gobiernos. Es por esto clave mejorar los marcos de colaboración nacionales,
regionales y/o internacionales para desarrollar estándares sobre la calidad de
los datos abiertos. que generen mayor confianza de la ciudadanía en ellos y que
les permitan (incluidos los funcionarios gubernamentales) manipularlos y
extraer la mayor cantidad de valor posible.
El valor de los datos abiertos se
concentra principalmente en dos áreas: por un lado, al
permitir que la ciudadanía se informe sobre la situación de los estados, esta
puede analizar con mayor profundidad las decisiones que están (o no) tomando
los gobiernos y exigir los cambios que crean pertinentes. Esto refuerza la
rendición de cuentas vertical (desde los/as ciudadanos/as hacia el gobierno) y
la transparencia gubernamental. Por otro lado, la
disponibilidad de información facilita y estimula a que los propios gobiernos
la utilicen, produciendo más políticas públicas basadas en evidencia. Estos
puntos son fundamentales para lograr mejorar la confianza en los gobiernos y
las políticas públicas que generan y así reforzar el contrato social entre las
personas y las instituciones políticas.
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