Urgencias y desafíos del
ambiente en la Argentina Cuando
pensamos en áreas protegidas en la Argentina, tendemos a pensar en los Parques
Nacionales. Lugares donde grandes extensiones de bosques, pastizales, glaciares
y lagos aún conservan su belleza cautivante y, por sobre todo, su
funcionamiento ecológico. Las especies animales tienen refugio, los árboles
crecen centenarios capturando carbono, filtrando agua y fijando suelos
productivos.
Esto es así por las visionarias acciones tomadas hace más de
un siglo por la Administración de Parques Nacionales (APN) y su dedicado cuerpo
de técnicos y guardaparques. Pero lamentablemente no es esa la realidad de
todos los ecosistemas de la Argentina. A nivel nacional, estamos lejos de
alcanzar el porcentaje de protección efectiva que nuestros ambientes necesitan
y que establece la meta 30x30 del nuevo Marco Mundial para la Biodiversidad que
propone conservar al menos el 30% de la tierra y los océanos para el año 2030.
La superficie declarada como protegida
en nuestro país es insuficiente: 10,4% del territorio terrestre y 8,5% del
marino. Si el filtro se ajusta aún más -considerando solo la superficie que
cumple con las categorías más estrictas de conservación según la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)-, el panorama se
vuelve aún más preocupante: solo el 2,2% del espacio terrestre y el 5,8% del
marino estarían bajo protección estricta. Así lo revela una publicación
científica liderada por investigadores del Conicet, basada en
una base de datos actualizada que incluye información del Sistema Federal de
Áreas Protegidas (SiFAP), la Base Mundial de Áreas Protegidas (WDPA) y
relevamientos WCS Argentina y otras organizaciones.
Si estamos hablando de naturaleza, ¿por qué son importantes
los números? Las cifras oficiales son fundamentales, porque son las que definen
la política de los Estados e influencian las acciones de la sociedad civil y
demás aliados para la conservación. Pero sabemos que proteger la naturaleza no
es solo una cuestión de superficie. Lo que realmente importa es qué estamos
protegiendo, cómo lo hacemos y con qué resultados.
Geográficamente, encontramos una fuerte concentración de
áreas protegidas en zonas marginales desde lo productivo en regiones
periféricas o de interés geopolítico, y esto aplica tanto al mar como a la
tierra. Sin embargo, estos criterios que influenciaron la localización de
muchas áreas protegidas durante el último siglo no serán suficientes para
asegurar su preservación a futuro, ya que nuevas actividades como la minería,
explotación y transporte de hidrocarburos en tierra y mar y los proyectos
energéticos generan grandes desafíos socio ambientales con el potencial de
afectar negativamente la integridad de los ecosistemas y los modos de vida de
las comunidades locales.
Muchas áreas protegidas presentan marcos regulatorios poco
exigentes, permiten actividades extractivas o directamente carecen de
mecanismos de implementación efectivos. La ley que regula el sistema de Parques
Nacionales fue aprobada hace 45 años sin participación ciudadana. Y no hay
ningún marco regulatorio federal que armonice criterios de conservación entre
las áreas federales, provinciales y municipales y, menos aún, en las cada vez
más frecuentes reservas privadas. Discutir y aprobar tal ley de presupuestos
mínimos sentaría las bases para contar con un sistema efectivo de áreas
protegidas en todo el territorio y maritorio argentino.
El desafío del 30x30 no puede limitarse a cumplir con una
meta cuantitativa. Debe ser el punto de partida para revisar y fortalecer los
pilares de nuestra estrategia de conservación. Esto incluye asegurar conectividad
ecológica entre las áreas protegidas, incorporar criterios de representatividad
biogeográfica, establecer mecanismos de gobernanza que integren a las
comunidades locales y pueblos originarios, y desarrollar herramientas que nos
permitan identificar y gestionar áreas climáticamente inteligentes: territorios
que, por sus características, pueden cumplir un rol clave en la adaptación y
mitigación frente al cambio climático. Estamos en un momento bisagra. La
presión sobre los ecosistemas crece, la crisis climática se acelera, y el
tiempo apremia.
La buena noticia es que no partimos de cero. Argentina tiene
una larga tradición en conservación, con instituciones públicas y
organizaciones de la sociedad civil comprometidas, técnicos formados, y una
creciente conciencia social sobre la importancia de proteger nuestra
biodiversidad. La oportunidad de avanzar hacia un sistema robusto,
representativo y funcional está al alcance, pero exige decisiones valientes, y
financiamiento.
La conservación del territorio debe ser una apuesta
colectiva por un modelo de desarrollo que respete los límites ecológicos del
planeta y reconozca el valor intrínseco de la naturaleza. En esa dirección, la
meta 30x30 puede ser mucho más que un número: puede convertirse en el motor de
una transformación profunda, justa y necesaria.
Argentina tiene todo para liderar este cambio. Hagámoslo con
diálogo franco, compromiso y ambición.


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