El gobernador de Illinois, JB
Pritzker, promulgó una ley que legaliza el suicidio asistido, una iniciativa a
la que los líderes católicos se habían opuesto firmemente.
Pritzker, quien se reunió con el Papa León XIV el 19 de
noviembre, citó la “libertad”, la “elección” y la “autonomía” como motivos para
firmar la ley, que permite a los médicos recetar fármacos destinados a poner
fin a la vida de pacientes con enfermedades terminales que los soliciten. Según
la norma, los pacientes deben tener plena capacidad mental y un pronóstico de
seis meses o menos de vida.
El Cardenal Blase Cupich,
arzobispo de Chicago, junto con otros obispos de Illinois, había pedido a
Pritzker que vetara el proyecto. La Conferencia Católica de Illinois, que
representa a los obispos del estado, condenó la ley y la calificó como “un
camino peligroso y desgarrador”.
Otras jurisdicciones que cuentan con leyes de suicidio asistido
incluyen California, Colorado, Delaware, Hawái, Maine, Nueva Jersey, Nuevo
México, Oregón, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia. La ley de
Illinois, afirmó Pritzker en un comunicado del 12 de diciembre, “permite que
pacientes que enfrentan enfermedades terminales debilitantes puedan tomar una
decisión, en consulta con un médico, que les ayude a evitar dolor y sufrimiento
innecesarios al final de sus vidas”.
Pritzker dijo haberse sentido “profundamente impactado” por los
testimonios de pacientes terminales y de sus familias que apoyaron la
iniciativa.
“Me ha conmovido su determinación para defender la libertad y la
elección al final de la vida, incluso en medio de un dolor personal profundo”,
afirmó.
El gobernador firmó la ley el día de
la querida fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, una fecha especialmente
significativa para los católicos de América del Norte, y en la que la Virgen es
reconocida como patrona del movimiento provida.
Preocupación por los más vulnerables
Los opositores al suicidio asistido
sostienen que esta práctica no constituye una “verdadera compasión” y que, en
realidad, implica el “abandono” de pacientes que necesitan cuidados.
“Esta ley ignora los fallos reales
y profundos en el acceso a una atención médica de calidad que empujan a las
personas vulnerables a la desesperación”, señaló la Conferencia Católica de
Illinois. “No garantiza que los pacientes reciban servicios adecuados, estén
protegidos de presiones indebidas ni estén acompañados por sus seres queridos
cuando se quitan la vida”, agregó.
“En lugar de invertir en un verdadero acompañamiento al final de
la vida —como cuidados paliativos y de hospicio, manejo del dolor y apoyo
centrado en la familia—, nuestro estado ha optado por normalizar el acto de
quitarse la vida”, añadió el comunicado.
La conferencia calificó la aprobación de la ley como “alarmante”
y afirmó que “al promulgarla, Illinois está avalando la opción de la muerte
bajo el pretexto de la compasión”.
Matt Vallière, director del
Patients Rights’ Action Fund, declaró que al firmar la ley Pritzker “ha puesto
en peligro los derechos y las vidas de los pacientes más vulnerables”.
Esta organización se opone al suicidio asistido y sostiene que
discrimina a las personas con diagnósticos terminales.
“Al firmar este proyecto para legalizar el suicidio asistido, ha
resquebrajado aún más la frágil protección de los pacientes”, afirmó Vallière
en un comunicado difundido a CNA, agencia de noticias en inglés de EWTN News.
“El suicidio asistido empuja a las personas con discapacidad y a
otros grupos vulnerables a conversaciones sobre la muerte, en lugar de
garantizarles la atención y el apoyo que merecen por parte de sus equipos
médicos”, añadió.
Thomas Olp, portavoz de la Thomas
More Society —un bufete católico que defiende la vida y la familia—, advirtió
que la ley “pone en riesgo a las vidas más vulnerables”.
“Cuando el Estado da a entender que algunas vidas ya no merecen
ser vividas, quienes pagan el precio son los más indefensos”, afirmó Olp.
“La ley nunca debería respaldar la idea de que el sufrimiento o
la enfermedad hacen que una vida sea descartable”, continuó.
“En lugar de ofrecer verdadera compasión, apoyo y cuidados, esta
ley ofrece una prescripción letal. Eso no es misericordia; es abandono”,
concluyó.
Impacto cultural
La Conferencia Católica de Illinois
también expresó su preocupación por las consecuencias culturales de legalizar
una forma de suicidio.
“Este mensaje será recibido por los
grupos vulnerables no como un consuelo para quienes están muriendo, sino como
una alternativa socialmente aceptable a seguir viviendo”, advirtió la
conferencia.
“De hecho, los estudios muestran que
en los lugares donde se ha legalizado el suicidio asistido, ha aumentado el
número total de suicidios”, añadió el comunicado. “¿Cómo podemos pedir a
adolescentes y jóvenes —sabiendo que el suicidio es la segunda causa de muerte
en ese grupo— que no elijan la muerte, mientras nuestras propias leyes
presentan el suicidio como una ‘opción médica’?”, señaló la conferencia.
“Podemos financiar líneas de
prevención del suicidio, ampliar programas de prevención y capacitar a las
comunidades, pero todos esos esfuerzos quedan vacíos si, al mismo tiempo,
transmitimos que algunas vidas son demasiado costosas o demasiado pesadas como
para ser salvadas”, continuó el texto.
“¿Podemos confiar en que jóvenes en
situación de angustia y otras personas vulnerables comprendan la diferencia
entre su dolor y el de quienes están muriendo?”, añadió.
Objeciones de conciencia
Olp, cuyo bufete también defiende los
derechos de conciencia, señaló que la nueva ley “erosiona los derechos
fundamentales de conciencia de los profesionales de la salud y de las
instituciones médicas religiosas”.
La norma exige que los médicos que se
oponen moralmente al suicidio asistido remitan a los pacientes a otro
profesional que sí esté dispuesto a proporcionar los fármacos letales.
“El Estado está obligando a los
médicos a convertirse en participantes activos y cooperadores en el suicidio de
un paciente, aunque su fe, su ética o el Juramento Hipocrático se lo prohíban”,
afirmó Olp.
“Se trata de una coerción
inadmisible, sin rodeos. Ningún médico debería ser forzado por el gobierno a
participar, directa o indirectamente, en un proceso que termina deliberadamente
con una vida humana”, añadió.
“Defenderemos el derecho de todos los
profesionales sanitarios a ejercer la medicina de acuerdo con su conciencia y
su juramento, y combatiremos cualquier intento del Estado de obligar a
instituciones de salud religiosas a violar sus creencias”, aseguró.
Vallière recordó que la Asociación
Médica Estadounidense (AMA) continúa oponiéndose al suicidio asistido por ser
incompatible con la misión del médico.
“El Código de Ética Médica de la AMA
sigue afirmando que ‘el suicidio asistido por un médico es fundamentalmente
incompatible con el papel del médico como sanador, sería difícil o imposible de
controlar y supondría graves riesgos sociales’”, señaló.
Lo que viene
La ley entrará en vigor en septiembre
de 2026.
“Esta legislación se implementará de
manera cuidadosa para que los médicos puedan acompañar a los pacientes en
decisiones profundamente personales con autoridad, autonomía y empatía”, afirmó
Pritzker.
Los opositores aseguraron que
continuarán defendiendo la vida humana.
“El gobernador Pritzker y los legisladores
que apoyaron esta ley tuvieron la oportunidad de construir un futuro en el que
cada persona, especialmente los enfermos y vulnerables, sea cuidada con
dignidad, amor y apoyo, o de abrir la puerta a un sistema en el que la muerte
se convierte en una alternativa aceptable”, señaló la Conferencia Católica de
Illinois.
“Ahora que la SB 1950 es ley, debemos
afirmar con mayor fuerza que la verdadera compasión consiste en ayudar a las
personas a vivir, no en ayudarlas a morir”, concluyó el comunicado.
“Instamos a los habitantes de
Illinois, a las personas de fe, a los profesionales médicos comprometidos y a
todos los que valoran la vida humana a unirse a nosotros para defender a los
más vulnerables y proteger las libertades fundamentales”, concluyó Olp.
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