Así como Cristina Fernández de Kirchner vetó la Ley de Glaciares en 2008, o como cuando Mauricio Macri decidió quitarles las retenciones a la actividad minera en su primer día de gestión allá por 2015, los políticos parecen sonreírle a las empresas mineras que operan en la Argentina.
En esta ocasión, el gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez no tardó ni 24 horas en tomar decisiones importantes y ya envió un proyecto de Ley a la legislatura provincial para modificar la Ley 7722 de “Prohibición de Sustancias Químicas”.
Sintetizando, la Ley 7722 (aprobada en 2007) señala en su primer artículo que “a los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohibe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”.
¿Qué dice el proyecto del radical Suárez? El borrador que lleva la firma del gobernador permitiría el uso de cianuro, y ácido sulfúrico, y mantendría la prohibición de aplicar mercurio.
Otro de los aspectos controversiales es que no haría falta ningún tipo de exigencia o aprobación por ley de las declaraciones de impacto ambiental.
Quienes sostienen que el proyecto en realidad es “positivo”, lo defienden indicando que generaría nuevos puestos de trabajo y que además se impulsarían auditorías internacionales (para suplantar la carpeta de impacto ambiental), y se crearía una especie de “policía ambiental”.
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