Un informe reveló que en
la Argentina se encuentran autorizados 107 plaguicidas que son prohibidos o no
autorizados en otros países, de los cuales un 36% son altamente peligrosos,
según los criterios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
.jpg)
Esta
lista aumenta a un 73% si se tienen en cuenta los criterios adicionales
propuestos por la Red de Acción en Plaguicidas (PAN) internacional.
Esta
cifra fue revelada por el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, quien
realizó un análisis de los agroquímicos utilizados en el país.
Detalló,
además, que los principales cultivos que hacen uso de estos químicos altamente
peligrosos son los de soja, maíz, trigo, cebada, girasol, arroz, hortalizas,
tabaco, caña de azúcar, árboles exóticos (pinos y eucaliptos), algodón,
frutales de carozos (peras y manzanas) y frutales cítricos.
Mientras
que otros usos que se le dan a estos pesticidas tienen que ver con “el
tratamiento de pulgas y garrapatas en perros y gatos, en el control de hierbas
e insectos en parques y jardines, el control de moscas y mosquitos posibles
vectores de enfermedades”.
Esto
es posible, señaló el autor, debido a políticas públicas llevadas a cabo en los
últimos 30 años “en las cuales prevalece la idea de incrementar la producción
de los cultivos con el fin de generar saldos exportables”.
En
la publicación también señaló que “la legislación relativa al registro,
comercialización y aplicación de plaguicidas es incompleta, permisiva y
obsoleta”.
Es
que, si bien el Registro Nacional depende del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA), a través de la Dirección Nacional de
Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos, “existen serias deficiencias”
ya que no hay participación “ni de la Secretaría de Salud ni de la de Ambiente
en la aprobación de los plaguicidas de uso agrícola”.
Asimismo,
apunta que “la Argentina carece de una legislación integral que regule el ciclo
completo de registro, comercialización y utilización de plaguicidas, por ello
su regularización se realiza a través de decretos y disposiciones legales”.
En
Misiones
El informe da cuenta además que “muchos de estos
plaguicidas altamente peligrosos” se utilizan en cultivos como “tabaco,
hortalizas y en el sector forestal”, actividades que forman parte de las
economías regionales en Misiones.
Ante
esta situación, el investigador expone una serie de propuestas de grupos de la
sociedad civil y universidad, alternativas al uso de estos plaguicidas
altamente peligrosos y basadas en los principios de la agroecología. Ésta
consiste en la aplicación de agroecosistemas sustentables que permiten obtener productividad
y estabilidad.
Es
un enfoque económicamente viable enfatizando la agricultura en armonía con los
ciclos y procesos naturales y con el enfoque político de la soberanía
alimentaria y, de esta manera, promover la salud del suelo, la biodiversidad y
la función del ecosistema natural.
En
este sentido, se destaca la experiencia de productores de Montecarlo y
Caraguatay donde, por distintos factores (como económicos, familiares, por
valores o por un aumento en la demanda), han integrado cultivos incluyendo
especies arbóreas con la cría de animales de distintos tipos.
Conclusiones
y recomendaciones
El trabajo indica que “la situación en
Argentina derivada del uso y efecto socioambiental de los plaguicidas
categorizados como altamente peligrosos “es grave”, no sólo por su utilización
en la mayoría de las producciones agrarias sino porque además “se manipulan las
campañas sanitarias y para el tratamiento de mascotas”.
También
advierte que “se carece de un marco jurídico eficaz y de la capacidad
institucional para afrontar los problemas que platean los plaguicidas durante
todo el ciclo de vida”.
Por
todo esto, se recomienda “prohibir los plaguicidas altamente peligrosos
prohibidos y/o de usos restringidos en otros países, ya que en la mayoría de
los casos tal iniciativa se basa en investigaciones científicas y/o monitoreos
epidemiológicos que se corresponden con criterios de preservar la salud
socioambiental”.
