La megaminería tiene
consecuencias negativas sobre la salud de las poblaciones aledañas a las
explotaciones, no contribuye significativamente al desarrollo económico local y
puede afectar el crecimiento de otras actividades no contaminantes.
Losúltimos días de diciembre, el pueblo mendocino salió a la calle contra la
modificación de la Ley 7722. Esta prohíbe la utilización de cianuro, mercurio,
ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en explotaciones mineras y también
protege el agua. Esto significó un nuevo hito en un largo proceso de
conflictividad sobre la actividad minera y sus implicancias socioambientales.
El eje del debate giró
en torno a un tipo particular de
explotación y no cualquier tipo de minería: la megaminería o
minería metalífera a cielo abierto. Esta, a diferencia de la minería
tradicional, está prohibida en muchos lugares del mundo por sus ya comprobados
irreversibles efectos debido al uso de tóxicos como el cianuro. En Argentina,
la megaminería se practica desde los años ‘90 y sólo siete provincias la
permiten. En otras siete, la actividad fue prohibida gracias a la resistencia
de los pueblos afectados.
En un renovado intento por ampliar la
frontera de estas explotaciones, se procuró forzar su habilitación en
provincias donde el rechazo social ya había logrado plasmarse en resguardo
jurídico.
Sin embargo, a pesar del freno logrado a la modificación de la ley mendocina, los intentos para cambiar la
ley y permitir la megaminería continúan en Mendoza, Chubut (ley 5001) y en todo
el país (como la embestida contra la Ley Nacional de Glaciares, que prohíbe la
megaminería en zona glaciar y periglaciar).
En este contexto,
circulan en medios diversos argumentos que generan confusión y pueden favorecer
una nueva avanzada de la megaminería. No creemos que exista una intención de
buscar una minería alternativa y “sustentable”, sino de hacer pasar a la
megaminería como lo que no es. Como respuesta, hemos escrito, junto a otros
científicas/os e investigadores del CONICET y Universidades, una declaración
(https://cutt.ly/arVwRiR) que refuta estos argumentos y expresa una fuerte preocupación por las
consecuencias que la megaminería tiene sobre nuestra salud y nuestros
territorios.
“La megaminería ‘bien hecha’ puede no tener
efectos dañinos en el medio ambiente y la salud pública”. Falso. Las
técnicas utilizadas tienen un alto impacto socio-ambiental. Mediante la
utilización de explosivos se producen voladuras de montañas que permiten remover
grandes volúmenes de roca donde se encuentra el mineral de interés. Se aplican
tratamientos químicos que separan los minerales de la roca y los desechos se
descartan en diques de cola, extensos cuerpos de agua artificiales dónde se
depositan los millones
de litros de agua con químicos tóxicos. El drenaje ácido, las
filtraciones de los diques de cola en las napas y los ríos, así como otras
formas de contaminación, son efectos comprobados, tal como sucedió con los
derrames tóxicos en San Juan, Minas Gerais (Brasil) y Mar de Cortés (México).
Esto
conlleva: 1) La degradación del paisaje y del suelo de forma permanente, la
presencia de partículas en el aire y contaminación sonora. 2) La utilización y
contaminación de grandes cantidades de agua en zonas en las que generalmente
hay escasez de esta. 3) La exposición
prolongada en el tiempo de las poblaciones aledañas a las sustancias
químicas utilizadas, que
implica mayor riesgo de enfermedades
crónicas respiratorias, cáncer de pulmón, enfermedades renales, de la sangre y
de la piel, entre otras. A la exposición crónica se suma la exposición aguda,
producto de "accidentes" como derrames, accidentes de
transporte, rotura de caños, o emisiones de los diques de cola, que producen trastornos cardiovasculares,
respiratorios y del sistema nervioso central, entre otros.
“La megaminería genera desarrollo, empleo y
diversificación de la economía regional”. Falso. En los últimos 22
años (OEDE, 2018), la minería ha generado solamente el 1,15 por ciento del
empleo total (en comparación con el 5,9 por ciento de la ganadería, agricultura
y silvicultura). La megaminería también tiende a destruir el empleo al tener un
impacto negativo en otras actividades locales, aumentando también los niveles
de pobreza. A su vez, las explotaciones de minas y canteras aportaron sólo el
2,95 por ciento del Valor Bruto de Producción total en Argentina desde el 2004
hasta el 2018 y, dentro de estas, la megaminería incidió en solo 0,49 por
ciento (en comparación con el 6,95 por ciento que aportó la ganadería,
agricultura, caza y silvicultura; según los informes del INDEC, 2019).
“Quienes critican a la
megaminería no plantean alternativas de desarrollo local”. Falso. Se han ido
construyendo diferentes alternativas de desarrollo local de acuerdo a las
particularidades de cada región. Un ejemplo es la promoción de actividades
preexistentes (como la vitivinicultura, olivicultura, fruticultura, turismo,
etc.) con una perspectiva agroecológica o en consonancia con el ambiente y las
necesidades de las comunidades locales. Estas actividades tienen una alta
potencialidad para desarrollarse en los territorios y contribuir a su
diversificación productiva. Lo mismo ha ocurrido con la propuesta de las
energías renovables, por parte de poblaciones que se enfrentan al fracking, o la
agroecología, que se impulsa en simultáneo a las luchas contra los impactos
socioambientales del agronegocio.
En síntesis,
las experiencias históricas y las evidencias científicas disponibles llevan a la conclusión
inequívoca de que la megaminería (al igual que otras actividades extractivas)
atenta gravemente contra la salud y el ambiente de las sociedades donde se
instala. Por esto, el objeto del debate no debería ser el modo de
habilitar la megaminería allí donde está prohibida, sino la necesidad de
extender la salvaguarda de la prohibición de esta explotación a todo país. Para
esto, es fundamental involucrar al conjunto de nuestro pueblo en las decisiones
políticas relativas tanto al desarrollo de la megaminería como de cualquier
otra actividad contaminante.
(1) Dr. en
Biología. iB3-Dpto. de Fisiología y Biología Molecular y Celular-UBA,
Investigador de CONICET
(2) Lic. en Psicología.
Unidad de Neurobiología Aplicada, CEMIC, Becario de CONICET
(3) Dr en
Sociología. CENIT-UNSAM, Investigadora de CONICET
(4) Dr en
Biología. Instituto de Fisiología, Biología Molecular y
Neurociencias-UBA,Investigador de CONICET
(5) Dr. en
Cs. Sociales. Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA, Investigador de
CONICET
(6) Dra. en
Economía. IICE-UBA. Investigadora de CONICET
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