La Legislatura porteña
aprobó ayer una nueva prórroga para la entrada en vigencia de una ley
sancionada en 2001, que prohíbe el ingreso de ganado bovino en pie a la Ciudad,
para permitir el funcionamiento por un tiempo más del Mercado de Hacienda de
Liniers. El motivo es que, por la pandemia, se demoraron las obras de la nueva
sede, en Cañuelas.
La última prórroga se había votado a fines del año pasado y el plazo se
vence el 31 de julio. Por eso fue necesario extenderla. Es la decimoquinta
prórroga que se sanciona desde 2001.
Y pese a que en 2017 la empresa empresa que lo gestiona, el Gobierno
porteño y el entonces Ministerio de Agroindustria de la Nación firmaron un
acuerdo para el traslado en 2018, la mudanza sigue demorando.
La explotación del mercado concentrador de hacienda, formador y
orientador de los precios ganaderos está en manos de la empresa
Mercado de Liniers S.A.
Para las nuevas instalaciones fueron evaluados terrenos en La Matanza y
en Ezeiza. Pero en junio de 2018 finalmente se concretó la compra de
La fecha de finalización estaba prevista para julio del año
pasado. Pero en marzo llegó la pandemia, que alteró todos los planes y
plazos. Dos meses más tarde volvió a comenzar, aunque no con el ritmo pretendido. Y
también se incrementaron los costos.
Cuando se votó la prórroga anterior, en diciembre, se estimaba que los
trabajos terminarían entre mayo y junio. Pero tampoco sucedió.
Por el Mercado de Liniers, que está en el barrio de Mataderos, pasa
alrededor del 70% de la hacienda que abastece al Área Metropolitana
de Buenos Aires. Entre los argumentos para extender el permiso de ingreso, hay
uno fundamental que tiene que ver con garantizar el abastecimiento
de carne vacuna en la zona.
El predio de
El plan para esos terrenos, aprobado a finales de 2019, consiste en urbanizarlos,
destinando un 35% de sus superficie a edificios de viviendas y un 65% a
espacios públicos, entre apertura de calles y espacios verdes.
Contempla además la construcción de una escuela y un polideportivo.
El proyecto avanzará una vez que el predio quede desocupado, pero para
concretarlo la Ciudad también depende de la situación económica y la evolución
de la pandemia, que mermó los ingresos por recaudación tributaria y obligó a
redireccionar los gastos en función de situación sanitaria.
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