Amigas de la Tierra,
Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF muestran el rechazo al
proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar por sus riesgos ambientales. Denuncian
que la reapertura incluye la autorización de un vertido tóxico de 85.520
millones de litros al Bajo Guadalquivir, cuyos impactos ambientales y
socioeconómicos sobre esa Zona de Especial Conservación no se han evaluado de
forma adecuada.
Las
organizaciones ambientales exigen la creación de una Comisión Experta
independiente que evalúe esos impactos y que revise la autorización ambiental
otorgada.
La
adjudicación de los derechos mineros en 2015 está bajo proceso judicial, por lo
que demandan la suspensión de la tramitación de la reapertura hasta que
concluya este juicio.
El 25
de abril se cumplen 27 años de la rotura de la balsa de lodos de la mina de
Boliden, en Aznalcóllar (Sevilla), que provocó la mayor catástrofe ambiental de
Andalucía hasta la fecha, inundando la cuenca del río Guadiamar con más de seis
millones de metros cúbicos de lodos tóxicos, poniendo en riesgo por
contaminación extrema a Doñana. Durante meses se recogieron gran parte de esos
lodos tóxicos y se depositaron en la denominada corta de Aznalcóllar, donde se
mantienen hasta la fecha. Boliden, la empresa que gestionaba la mina, nunca se
hizo cargo de los costes de esas operaciones de limpieza.
En este aniversario, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción,
Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF muestran su rechazo al proyecto de reapertura de
la mina de Aznalcóllar, cuyos derechos mineros la Junta de Andalucía otorgó en febrero de 2015 a
la empresa Minera Los Frailes, participada en un 97% por la multinacional Grupo
México.
El pasado mes de julio de 2024 la Consejería
competente otorgó la autorización ambiental al proyecto de mina subterránea de
Minera Los Frailes, para la extracción y para una planta industrial de
obtención de concentrados de Zinc, Cobre y Plomo, durante un periodo operativo
de 17 años. Pero hasta la fecha todavía no se ha otorgado ni la autorización
minera dependiente de la Dirección General de Minas, ni la concesión de aguas
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Las organizaciones ecologistas
denuncian, apoyándose en estudios realizados por
la Universidad de Sevilla y en la actuación del Defensor
del Pueblo Andaluz, que la autorización ambiental del proyecto no ha
tenido en cuenta la totalidad de los impactos ambientales y socioeconómicos de
la puesta en marcha y ejecución de la explotación minera sobre zonas protegidas
como el Bajo Guadalquivir, incluido en la Red Natura 2000, y el Espacio Natural
de Doñana.
La autorización ambiental incluye un vertido de 85.520
millones de litros de aguas tóxicas en el río Guadalquivir a su paso por la
ciudad de Sevilla. Este vertido incluiría el vaciado completo de la corta de
Los Frailes (15.000 millones de litros) y el vaciado parcial de la corta de
Aznalcóllar (2.520 millones de litros), de aguas ácidas muy contaminadas,
durante una primera fase de 18 meses, y un vertido continuo posterior de 4.000
millones de litros anuales durante 17 años en la fase operativa de explotación
minera.
Este vertido contaminaría seriamente el río con
metales pesados como arsénico, cadmio, plomo, zinc, níquel y selenio, desde
Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, afectando gravemente
los cultivos de arroz de la marisma sevillana y la reserva de pesca de la
desembocadura del Guadalquivir, lo que además pondría en riesgo la salud de
las personas que consuman estos productos.
El
9 de abril, varios alcaldes y alcaldesas y representantes de agricultores,
pescadores y mariscadores, así como asociaciones de consumidores y consumidoras
y las mareas blancas de médicos se han unido a científicos y científicas y al
Defensor del Pueblo Andaluz para pedir a la Junta de Andalucía la creación de
un Comité de Expertos independientes que se pronuncie sobre la
contaminación por metales pesados en el río Guadalquivir, producidos
por los vertidos mineros.
Ni el proyecto de la empresa minera ni las autoridades
ambientales han tenido en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos de estos
nuevos vertidos con los efectos de otros vertidos que ya se han producido o que
se han autorizado en la misma zona. Así, no se ha contemplado el efecto
combinado de los vertidos que la mina de Cobre las Cruces ha estado produciendo
en la misma área entre 2009 y 2023, cuya ecotoxicidad ya ha sido acreditada. La
reapertura de esta mina ya ha recibido autorización para nuevos vertidos
mineros durante los próximos 14 años de explotación subterránea.
Los efectos acumulativos de estos vertidos tampoco se
han tenido en cuenta a pesar de producirse en la misma Zona de Especial
Conservación (ZEC), lo que incumpliría el contenido mínimo legalmente
establecido para un Estudio de Impacto Ambiental. Las evaluaciones de impacto
han ignorado además el complejo contexto hidrodinámico y fisicoquímico del
Estuario del Guadalquivir. Estas cuestiones se recogen en el estudio realizado
hace ya un año por el catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla,
Jesús Castillo, quien recomienda, en aplicación del principio de precaución y
el principio de no-deterioro de la Directiva Marco de Agua, no realizar nuevos
vertidos mineros a esta zona protegida.
Según las organizaciones ecologistas, la Junta de
Andalucía no ha evaluado asimismo la afección medioambiental del vertido tóxico
en el Espacio Natural de Doñana, y ha impedido que el Consejo de Participación
del Espacio Natural de Doñana se pronunciase sobre el impacto del proyecto
sobre el espacio, como es preceptivo según la legislación que rige este espacio
Por
último, el concurso público que resolvió la adjudicación de derechos mineros a
Minera Los Frailes en 2015 está en cuestión y es objeto de un proceso judicial
actualmente en su fase final. Después de 10 años de instrucción judicial, el
pasado 3 marzo comenzó el juicio oral en la Audiencia Provincial de Sevilla.
El resultado
de este juicio podría eventualmente derivar en la nulidad de la adjudicación de
los derechos mineros a Minera Los Frailes, y en consecuencia se podría deducir
la ilegalidad de las autorizaciones ambientales, mineras y en materia de aguas
que actualmente se están tramitando para esta empresa.
Teniendo
en cuenta todo lo anterior, las organizaciones ecologistas demandan:
*La suspensión provisional de la tramitación de
las autorizaciones actualmente en trámite hasta la resolución
del juicio oral que se sigue en relación con el proceso de adjudicación de
derechos mineros a Minera Los Frailes, en consonancia con los principios de
precaución y cautela.
*La creación, con carácter previo a la autorización minera definitiva,
de una Comisión de Expertos técnicos y científicos independientes,
siguiendo la propuesta del Defensor del Pueblo Andaluz, a fin de determinar si
existe suficiente certeza sobre los riesgos derivados del vertido o resulta
necesaria la aplicación de los principios de precaución y cautela.
*Un pronunciamiento por parte de los organismos
dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre
la posible incidencia de los vertidos previstos en el cumplimiento de los
objetivos para 2027 del buen estado de las aguas del Estuario del Guadalquivir
acordados con la Unión Europea, también en consonancia con lo solicitado por el
Defensor del Pueblo Andaluz.
*La rotura de la balsa de Aznalcóllar en 1998
cubrió de lodos tóxicos 4.634.
hectáreas,
contaminó 60 kilómetros de cauce del Guadiamar y costó más de 240 millones de
euros públicos limpiar sus efectos. “Aquel
desastre sigue vivo en la memoria de Andalucía. Hoy, a las puertas de repetir
la historia, debemos recordar que el río Guadalquivir no es solo una vía
fluvial, es la columna vertebral de la identidad de Andalucía. Y Doñana,
declarada Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera, es un símbolo de
Andalucía y de España. El Gobierno andaluz no debe fallar otra vez. Aplicar el
principio de precaución no es frenar el desarrollo: es evitar otro daño
irreparable”, subrayan las organizaciones ambientales.
Fuentes: Art. 16 de la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural
de Doñana y Art. 8 del Decreto 24/2007, de 230 de enero, por el que se declara
el Espacio Natural de Sierra Nevada y se regulan los órganos de gestión y
participación de los Espacios Naturales de Doñana y Sierra Nevada, en el que se
dispone, como funciones del Consejo de Participación: «g) Informar todas
aquellas actuaciones que puedan modificar la cantidad o calidad de las aguas
subterráneas o superficiales aportadas al Espacio Natural».
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