Hace un año se reglamentó
una ley provincial que regula la producción de cannabis en Mendoza. Desde
entonces, los proyectos se han multiplicado, lo que muestra el potencial de
este cultivo que a nivel mundial mueve millones.
En apenas un año, Mendoza
pasó de tener un puñado de proyectos de investigación en cannabis
y cáñamo
a contar con un sistema provincial completo que regula toda la
cadena de valor, desde el cultivo hasta el uso medicinal humano y veterinario.
La provincia
sancionó su propia ley en 2025 y, desde entonces, multiplicó los registros,
sumó nuevos actores privados y empezó a delinear una oportunidad
de diversificación productiva que, según sus impulsores, puede convertirse en
un cultivo más dentro de la matriz agrícola mendocina.
La provincia cuyana decidió darle su propia
regulación con la distinción de dos actividades que suelen
confundirse, aunque se desprenden de la misma planta: Cannabis
sativa.
·
El cannabis medicinal se obtiene de variedades
con concentraciones más altas de cannabinoides como el THC y el CBD,
compuestos que se utilizan en tratamientos para el dolor crónico, la epilepsia
refractaria, algunos trastornos del sueño y del ánimo, y cada vez más en
medicina veterinaria, siempre bajo prescripción médica y con control de calidad
mediante análisis cromatográficos.
·
El cáñamo industrial, en cambio, corresponde a
variedades con niveles mínimos de THC, por debajo del umbral que la ley
considera psicoactivo, y se cultiva por su fibra, su semilla y su aceite, con usos
que van desde el textil y la construcción hasta la alimentación, la cosmética y
el papel. Esta diferencia explica por qué el primero se da en escalas menores y
no requiere de grandes extensiones para ser rentable, como sí lo hace el
segundo de ellos.
·
EL MARCO LEGAL DEL CANNABIS MENDOCINO
Mendoza sancionó la ley 9.617 en abril de 2025 y la
reglamentó en septiembre del mismo año a través del decreto 1928/2025. A partir
de ahí nació el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial (RPCCI),
que depende del Ministerio de Gobierno y quedó bajo la dirección de Virginia
Coraglia.
En diálogo con Infocampo, Coraglia
explicó que, a partir de la reglamentación, el organismo fue sacando
distintas resoluciones para ir ordenando cada eslabón de la cadena y dar
previsibilidad a organizaciones que ya venían trabajando en el territorio sin
un marco claro.
Las resoluciones 709 y 710 de 2025
establecieron un régimen de adecuación simplificada
para proyectos amparados en la ley nacional 27.350 y para emprendimientos de
fitomejoramiento, además de las primeras licencias de cáñamo.
Luego llegaron
el Repro-Mendoza, que garantiza el acceso al cannabis
medicinal, y el Reprovet, una resolución pionera a nivel nacional que regula el
acceso veterinario, elaborada junto a la Asociación de Veterinarios Canábicos.
El ministro de Gobierno, Natalio Mema, destacó
justamente ese último punto. Contó que la provincia decidió avanzar también con
la aplicación de la medicina del cannabis en animales y así nació este programa, “para que los avances científicos que se van dando
sobre la salud humana se vayan aplicando también sobre la salud de los
animales”.
Según detalló
Coraglia, la ley provincial contempla un esquema que se completa con
análisis cromatográficos obligatorios para todos los cultivadores, un régimen de investigación
científica y académica, y la articulación con el Iscamem, el Ministerio de
Salud, el Ministerio de Seguridad, un consejo asesor y un comité de uso
veterinario.
CANNABIS EN MENDOZA: APUESTA A LA DIVERSIFICACIÓN
Los números que maneja el propio RPCCI muestran la
magnitud del salto que ha tenido la actividad en solo un año.
Entre septiembre de 2025 y mismo de 2026, los
proyectos de investigación y desarrollo pasaron de dos a cuatro, las
asociaciones civiles nacionales con presencia en la provincia pasaron de cero a
12 y los proyectos productivos aprobados pasaron de cero a cinco, con otros
cuatro en análisis.
Además, ya son dos las asociaciones inscriptas en
Repro-Mendoza y 11 los médicos registrados para prescribir cannabis
medicinal, de los cuales 10 fueron aprobados y uno quedó
observado.
Coraglia fue clara al señalar que,
más allá del blanqueo de una actividad que muchas veces se realizaba de manera
informal, la provincia lee este proceso como una oportunidad
económica para los productores.
“Entendemos que el cannabis tiene que
ser un cultivo más para la provincia, con las medidas necesarias y específicas
para que se desarrolle con todos los controles y con toda la trazabilidad
requerida”, dijo.
Y agregó que el
mundo agrícola está cambiando, en parte por el cambio climático y por matrices
productivas que ya están agotadas, lo que obliga a pensar en
alternativas.
La funcionaria
remarcó también que no hay que confundir cannabis con uso
recreativo, algo que en Argentina sigue prohibido.
“Estamos hablando de una industria que
a nivel internacional mueve millones”, explicó, y puso como ejemplo a Canadá, que arrancó con el uso medicinal y
recién en 2018 avanzó hacia el uso adulto responsable.
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