SOCIEDAD Y CULTURA

Revista El Magazín de Merlo, Buenos Aires, Argentina.



lunes, 30 de mayo de 2022

¿LA MENTIRA COTIZA en BOLSA? El periodismo nacional e internacional debe dejar de mentir, ocultar o deformar la información veraz. ¡DEBEMOS RECUPERAR la VERDAD!

 

DEBEN SER EXPUESTOS, MULTADOS y DETENIDOS por la JUSTICIA: Al igual que en el resto del mundo, en América Latina la desinformación y las llamadas fake news se difunden rápidamente y causan daños sociales, impactando políticas públicas, procesos electorales, entre otras pérdidas. De esta forma, varios gobiernos y legisladores del continente han propuesto y aprobado leyes para frenar la práctica, incluso con penas de prisión.

Argentina: “investigaciones” de noticias maliciosas



En octubre de 2020, el gobierno de Argentina puso en marcha el Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (NODIO) con el objetivo de “proteger a los ciudadanos de las noticias falsas, maliciosas y falacias” que circulan por internet.

La creación de NODIO generó críticas porque está vinculado a la Defensoría Pública, que a su vez es un organismo creado por la Ley de Medios, que regula los medios en Argentina.

En respuesta, la agencia dijo que se ocupará de la investigación cualitativa y cuantitativa sobre violencia simbólica y noticias maliciosas ya difundidas. “No existen intenciones de llevar adelante ni el control, ni la supervisión de la tarea de la prensa: son actividades incompatibles con las funciones de la Defensoría del Público”.


 

Aunque la regulación de las grandes plataformas digitales es una tendencia mundial, como muestran los ejemplos recientes de Estados Unidos y la Unión Europea, existe la preocupación de que las leyes específicas que responsabilizan a las personas por la circulación de desinformación puedan utilizarse para atacar a opositores políticos y periodistas.

Una resolución de octubre de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó recientemente las propuestas para criminalizar las noticias falsas. La organización pide a los gobiernos que abandonen dichos proyectos de ley en el continente.

“Detrás de proyectos que se presentan con el loable propósito de evitar este peligro, se suelen esconder otros objetivos, que tienden solo a la censura o autocensura, para neutralizar el periodismo de investigación o silenciar a los opositores”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, a LatAm Journalism Review (LJR).

En 2005, Venezuela incluyó en su Código Penal una ley que penaliza la difusión de información falsa. Con el auge del autoritarismo en el país, se convirtió en un instrumento más del régimen de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro contra la prensa independiente.

En 2020, la ley de delitos digitales de Nicaragua generó una ola de críticas por parte de organizaciones de libertad de prensa. El periodista nicaragüense Wilfredo Miranda, quien escribe para El País y Divergentes, afirma que el gobierno pretende, con esta ley, silenciar las voces críticas y el periodismo independiente.

“El gobierno decide qué es una noticia falsa y puede decretar pena de cárcel o multa contra el periodista. (...) [Crea] un andamiaje jurídico a sus narrativas descalificadoras contra los medios de comunicación y periodistas que nos acusa de promover noticias falsas”, dijo Miranda a LJR. 

El experto en desinformación de la ONU, Matías Ponce, cree que cualquier propuesta para regular y frenar la desinformación debe hacerse a través de un sistema independiente del poder político, con reglas claras, controles y equilibrios, “para que esto no termine siendo persecución a la prensa”. Reconoce la dificultad de diseñar un sistema de esta magnitud:

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