La ONU pidió despenalizar la tenencia de drogas para consumo en Argentina.

Los narcotraficantes, distribuidores y toda su organización deben ser juzgados por DELITOS de LESA HUMANIDAD, ya que sus narcóticos causan torturas, matan y destruyen a familias, barrios, ciudades y países enteros através de sus malditas drogas.

La Corte Suprema resolvió en 2009 la inconstitucionalidad de aplicar una pena a la tenencia de drogas para consumo personal. Esa sentencia se conoció como falló Arriola y trató el caso de dos jóvenes detenidos en la vía pública con dos cigarrillos de marihuana, con una posesión total de apenas dos gramos de esa sustancia. 

Desde entonces, esa definición del máximo tribunal fue motivo de controversias. Pese a que los argumentos de los jueces fueron claros sobre la definición de consumo personal se abrió un vacío legal que cada tribunal inferior completó con sus propios criterios. Fracasaron los intentos de tratar el tema en el Congreso. Pero ahora sumó su voz la ONU y pidió al Gobierno la modificación de la ley de drogas para despenalizar la tenencia de drogas para consumo.

El 26 de enero pasado llegó a la Cancillería el informe especial elaborado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Se trata de la misión de la ONU que notifica cada año los escenarios de tráfico y consumo de drogas. 

En su próximo documento mundial figurarán 11 puntos referidos a la Argentina, uno de los países elegido para la evaluación durante 2016. Las conclusiones son, en general, positivas sobre la acción del Gobierno, pero aporta varias recomendaciones. Entre ellas el necesario cambio a la ley 23.737, la llamada ley de drogas.

En los despachos oficiales fue bien recibido el análisis de los enviados de la ONU. Incluso en el punto referido a la reforma legal. El Gobierno quiere poner en debate esa ley, tanto para modificaciones dirigidas al control de la oferta de drogas como a la prevención de la demanda. Funcionarios estiman que la posición de la JIFE permitirá abrir la discusión legislativa.

Aquellos que conocieron el informe de la ONU, reservado hasta su publicación oficial, afirman que se dejó consignado la preocupación de los expertos internacionales por el tiempo pasado desde aquel fallo de 2009 sin que fuese adaptada la norma legal.